La actual arremetida del fujimorismo en contra de las instituciones democráticas del país terminará por debilitar sus propias aspiraciones en el futuro próximo, en especial la que Keiko Fujimori sea elegida como la primera mujer Presidenta de la República.
Las denuncias constitucionales de Daniel Salaverry y Yeny Vilcatoma contra el Fiscal de la Nación, que se suman a las hechas en contra de 4 integrantes del Tribunal Constitucional, obedecerían a una estrategia de debilitar las instituciones que forman parte del diseño constitucional del Perú, que es una República liberal democrática.
Estas denuncias carecen de sustento jurídico porque conforme al artículo 201 de la Constitución, al igual que los Congresistas, no pueden ser interpelados ni juzgados por la naturaleza de sus votos y en el caso del Fiscal de la Nación, este no puede interferir en el accionar de los fiscales, cualquiera sea su rango o nivel.
La reacción de Keiko Fujimori se explicaría por el temor que le causa la posibilidad de que se confirmen las declaraciones de Marcelo Odebrecht, acerca de que el conglomerado empresarial habría aportado económicamente a las campañas electorales, de quienes terminaron siendo elegidos presidentes del Perú como Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, al actual Pedro Pablo Kuczynski, e incluso a ella misma.
Los probables aportes a Keiko Fujimori, quien aún no ha sido elegida Presidente de la República, tendría efectos mucho más desastrosos para ella, respecto a quienes ya resultaron elegidos como presidentes, ya que las posibilidades de un triunfo futuro se debilitarían grandemente.
El endurecimiento político, llegando al abuso de poder, desde su mayoría congresal, debilita la democracia en el Perú, retrasando la construcción de nuestra institucionalidad, pero el efecto mayor se daría en el debilitamiento de las aspiraciones futuras del fujimorismo, de elegir el 2021 a Keiko Fujimori como Presidenta del Perú.
Le haría bien a las aspiraciones políticas del fujimorismo, en lugar de atacar la institucionalidad el país, rompiendo el necesario equilibrio de poderes, comenzar a dar propuestas políticas para la solución de los problemas políticos del país, como el destino de la descentralización, la pobreza, desigualdad, la corrupción, las reformas electorales e institucionales que necesita el Perú, las medidas para enfrentar la crisis económica que vayan más allá de solo preocuparse por el incentivo a las inversiones, el desarrollo del mercado interno y la capacidad de consumo de la población.
La mejor manera de hacer política es haciendo propuestas, buscando convencer los electores, en lugar de hacer acciones para adecuar mejor el escenario, en base a lo que les conviene o no a los actores.