La Comisión Investigadora Lava Jato del Congreso solicitó opinión a la de Constitución sobre si el Presidente de la República está o no obligado a recibirla para rendir testimonio en calidad de testigo, consecuencias de una negativa a hacerlo. Si puede investigársele por hechos ocurridos antes de su elección, el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria.
La Comisión, con votos fujimoristas y de la congresista Yeni Vilcatoma, aprobó la obligación de la comparecencia, así como los demás puntos del párrafo anterior, interpretando extensivamente el artículo 97° de la Constitución, desconociendo la inmunidad que le otorga el artículo 117° de la Constitución, y argumentando que las investigaciones no significan, necesariamente, acusación.
La inmunidad que la Constitución otorga al Presidente es para protección de la investidura presidencial. Deja a su criterio la decisión de comparecer, así como la forma y lugar en que se hace.
La decisión mayoritaria de Fuerza Popular genera mayores atribuciones al Congreso, pero debilita la institución presidencial, cuando pretende asumir mayor presión como poder del Estado y rompe el equilibrio de poderes ―principio democrático de un régimen liberal republicano.
¿A dónde pretenden llegar las últimas acciones de Fuerza Popular? ¿Están acaso buscando debilitar la democracia en el Perú, agudizando las contradicciones entre poderes del Estado? ¿Transformar el equilibrio democrático en autoritarismo congresal?