Las violaciones a una niña de meses y otra de dos años de edad cometidas por sus padres, a una voluntaria del censo y agresiones a mujeres de parte de sus parejas, reabren el debate para la aplicación de la pena de muerte con propuestas como la de la congresista Yanet Sánchez, el ex Presidente Alan García y las expresiones del ministro de Justicia, Enrique Mendoza.
El Presidente de la República Kuczynski opinó que esta propuesta es inconstitucional. Tratados firmados ante organismos internacionales la prohíben, salvo para los casos previamente establecidos.
Para los abolicionistas, el respeto a la vida humana es un valor máximo. La pena de muerte no resocializa, y si se cometiera un error sería irreparable.
Errores como el ahorcamiento de los hermanos Salcedo en 1668 en San Luis de Alva (Puno), absueltos por una Corte de Madrid 4 años después, o la condena a “Pichuzo”, sobre quien surgieran dudas de su culpabilidad tras haber sido ejecutado, o el Proyecto Inocencia en Estados Unidos.
Además de lo dicho, el ejercicio de la Justicia en el país despierta más sospechas que certezas, considerándose corrupto, susceptible de injerencia política e ineficaz.
Restablecer la pena de muerte implica renunciar a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, aislándonos en el contexto internacional, donde la corriente predominante es abolicionista, además de abrir la puerta a eventuales atropellos y violaciones de derechos humanos.
Sin restablecer la pena de muerte debemos penalizar los delitos de odio o género, elevando las penas e incluyendo la aplicación de medidas precautelares, eliminando beneficios penitenciarios, entendiendo que la prioridad pasa, necesariamente, por un proceso educativo, donde la visión patriarcal de superioridad masculina se elimine, dando lugar a una verdadera educación en igualdad de oportunidades y derechos.