Va a cumplirse casi un año desde que el Ministerio Público, a través del Fiscal de la Nación Pablo Sánchez, manifestó su negativa a permitir que los fiscales de todos los niveles deban asistir a las comisiones investigadoras que los convoquen en el Congreso de la República.
La razón que se esgrimió en dicha oportunidad es que, de conformidad con el artículo 324 del Código Procesal Penal, las investigaciones realizadas por la Fiscalía deben encontrarse cubiertas por la reserva y el secreto de las mismas. Precisaron, adicionalmente, que conforme al numeral 1 del referido artículo solo podrían enterarse de su contenido las partes de manera directa o a través de sus abogados debidamente acreditados en el proceso. Quedó claro que la Fiscalía ungía la bandera de la reserva del proceso de investigación como uno de los principios más importantes que debían observarse. Para que el contexto quede claro, la negativa se producía en torno a las investigaciones que se venían realizando por el caso Lava Jato.
Hace tan solo unas semanas, el mismo titular de la Fiscalía asistió a la Comisión de Presupuesto y, como resulta natural, más de un parlamentario le preguntaba sobre el inicio o desarrollo de procesos de investigación relacionados a empresas que habrían incurrido en corrupción o autoridades que habían sido sindicados como parte de dichos actos. La respuesta constante del Fiscal de la Nación fue que no tenía conocimiento de las mismas y ello respondía a la reserva que los procesos deben respetar.
Resulta curioso, por decirlo menos, que la Fiscalía se muestre como un celoso guardián de la confidencialidad en casos que a muchos poderes fácticos resultarían incómodos, y que en otros la reserva quede total y absolutamente relegada.
Cabe preguntarnos, por ejemplo, ¿dónde queda esa reserva cuando se trata de un proceso que gira en torno a Keiko Fujimori o Fuerza Popular? Como todos podemos haber advertido, basta que la Fiscalía haga un acto relacionado a dichos casos para que, inmediatamente, se disparen comunicados públicos o se “filtre” información a la prensa.
Esta semana, yo mismo pude advertir la vara distinta con la que se miden las cosas. Resulta que amanecí el jueves dándome por notificado a través de la portada de un diario que la Fiscalía solicitaba que acuda como testigo ante un proceso de investigación que se le sigue a Kenji Fujimori.
Debo haberme perdido, definitivamente, la modificación de este nuevo mecanismo de notificación. O, quizá la reserva de las investigaciones es aplicable solo en los casos en los que son apropiados para la Fiscalía de la Nación. Como miembro de Fuerza Popular colaboraré con toda investigación, pero ello no nos limita a exigir que se respeten los derechos que tenemos como todos los ciudadanos.