Desde hace algunos días, a propósito de la observación al Proyecto de Ley 626 de Alertas Educativas –aprobada en el Congreso por unanimidad–, me puse a analizar diversos argumentos en contra de su publicación. Hubiera esperado que la mayor crítica fuera que la norma es insuficiente para resolver toda la problemática de las MYPE, pero el Ejecutivo solo se centra en sus ingresos y no le interesa el problema real.
Exponen argumentos increíbles. Asumen, por ejemplo, que los empresarios desarrollan sus actividades siempre al límite de lo delictivo, y que esta norma fomenta dicho comportamiento. Lo irracional es que una entidad que dice estar organizada para defender el derecho de los contribuyentes peruanos, para que reciban servicios estatales de calidad a cambio de sus impuestos, señala lo siguiente: “Qué necesidad de ser capacitado podría tener un empresario que impide el control de sus camiones en la carretera, no asiste al llamado de la administración tributaria, oculta o destruye libros contables, o comercializa bienes de forma clandestina”.
En primer lugar, las Alertas Educativas MYPE no se aplican a infracciones asociadas al incumplimiento tributario con evasión. En segundo lugar, no eximen al infractor de responsabilidades penales. En tercer lugar, es evidente que ni siquiera se reconoce el problema real que ocasiona el complejo marco normativo que implica la emisión de ocho regulaciones por hora y una Ley por día.
Otro argumento que preocupa es que “la Ley pueda ablandar mucho las estrategias de fiscalización de la SUNAT y fomentar más bien una cultura de informalidad, incumplimiento y beligerancia”. Esta exageración pretende simplemente confundir. La medida planteada por Alertas Educativas señala: “Tratándose de microempresas, una “Alerta Educativa” por cada tipo de infracción formal o sustancial de las seis que establece el artículo 172°; y tratándose de pequeñas Empresas, corresponde aplicar una única ‘Alerta Educativa’” en toda su vida empresarial.
Argumentan que esta medida significará un problema financiero para la SUNAT. Pero no se dice que los principales deudores son las grandes y medianas empresas con más de 50 mil millones de soles. La deuda de las micro y pequeñas empresas representa apenas el 13.95% del forado que hoy tiene la SUNAT.
Es verdad que nuestro sistema de recaudación está debilitado. Pero una estrategia para fortalecerlo debería enfocarse, por ejemplo, en recuperar los más de 30 millones de soles judicializados por las grandes empresas. Y en reformar completamente todo el sistema tributario, reconociendo los problemas reales de las MYPE, fortaleciendo y fomentando una verdadera cultura tributaria.