A través de diferentes medios de comunicación, nuevamente se empezó a difundir la “propuesta” de eliminar la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Se argumenta que está “quebrada” y que muchos de sus aportantes al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) “no van a tener una pensión”. Se propone como solución hacer la transición hacia cuentas personales, es decir, pasarlos a las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFPs). [1]
El sistema de reparto del SNP establece una pensión mínima y tiene una máxima. Sin embargo, en las AFP difícilmente les dirán cuánto de pensión obtendrán, presionando para que los afiliados al SNP, que a diciembre del 2016 sumaban 4’167,440, sean transferidos (con sus aportes) a las AFP.
Lo difícil es establecer acciones concretas y eficaces para afiliar a los 11 millones de informales estimados por el INEI. [2] Es cierto que el anterior Congreso no ayudó en ampliar la cobertura de los afiliados y más bien la perjudicó, pues la iniciativa del Ejecutivo que se transformó en una norma que obligaba a los trabajadores independientes menores de 40 años a afiliarse al SNP o a una AFP (Ley N° 29903) fue derogada de manera populista (Ley N° 30227) el 2014.
Si revisamos las transferencias que hace el Estado al SNP, advertimos que en los últimos años ha disminuido. Ello debido a que los aportes de los trabajadores se han incrementado, producto de sus mayores ingresos. A la fecha, no hemos encontrado evidencia de la afirmación que habrá un grupo de afiliados al SNP que no accederá a una pensión, por no haber suficientes recursos, pues existe una disposición contenida en el Decreto Ley N° 25897 que establece la obligatoriedad del Estado de asegurar el pago íntegro de las pensiones en el SNP.
En todo caso, si un grupo de afiliados al SNP no obtuviera una pensión por no cumplir con los requisitos (65 años de edad y 20 años de aportes), esto obliga a establecer algunas estrategias para que esto no ocurra. Debemos precisar también, que el Estado no solo subsidia al SNP, sino a todos los regímenes que otorgan alguna prestación económica, incluyendo al Sistema Privado de Pensiones (AFP), siendo la más onerosa la Caja de Pensiones Militar Policial, la misma que espera recibir el 2018 la suma de S/.1329,5 millones del Tesoro Público para pagar su planilla de pensionistas. [3]
Finalmente, no deberíamos apresurarnos en tomar alguna decisión, pues estamos a la espera del resultado de la Comisión de Protección Social que tiene como objetivo “(…) plantear reformas económicas para financiar la cobertura universal de aseguramiento de salud y protección previsional, además de mejorar la protección frente al desempleo; sin afectar la sostenibilidad fiscal ni generar informalidad en el mercado de trabajo”. [4] Tomar con calma las acciones a futuro no vendría mal, considerando que deberíamos poner foco en el verdadero problema social, no solo en las dificultades de gestión de una institución en particular.
[1] http://rpp.pe/peru/actualidad/video-economistas-plantean-la-eliminacion-de-la-onp-noticia-1083053
[2] https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/solo-el-28-de-la-poblacion-economicamente-activa-en-peru-tiene-empleo
[3] Cuarta Disposición Complementaria Final del Proyecto de Ley N° 01836/2017-PE, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.
[4] Artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 017-2017-EF/10.