En los últimos días hemos sido testigos de actos de agresión y violencia contra las mujeres. Para citar algunos ejemplos, tenemos el video que muestra a Martín Camino Forsyth arrastrando a su pareja por una calle de Miraflores, otro caso es el que se conoció en redes sociales sobre la agresión que sufrió la periodista Lorena Álvarez por el “reconocido” economista y analista político Juan Mendoza, y como la cereza al pastel, las condenables declaraciones de la congresista fujimorista Maritza García: “¿por qué suelen suceder los feminicidios? Lo que el gran psicólogo y maestro dijo es que la mujer, sin razón o sin querer queriendo, da la oportunidad al varón para que se cometa ese tipo de actos”, entre otras execrables frases que también dijo, probablemente, sin querer queriendo.
En estos tres casos tenemos tres desenlaces distintos: Martín Camino resultó con nueve meses de prisión preventiva en el penal de Lurigancho; Juan Mendoza resultó separado de Perú21 con el siguiente mensaje: “El diario ha decidido prescindir de los servicios de Juan Mendoza mientras se esclarezca el caso”, mientras que la Universidad del Pacífico anunció algo parecido en un confuso y nada claro comunicado; y en el caso de la congresista Maritza García aún no se sabe si continuará o no presidiendo la comisión de la mujer en el Congreso, aunque todo parece indicar que tendrá que dar un paso al costado y pedir las disculpas públicas por su juicio que, según ella, ha sido sacado de contexto.
Estos hechos mediáticos han puesto sobre la mesa nuevamente las discusiones sobre este mal que padecemos en la sociedad peruana, desde comentarios exacerbados, frases indignantes y de rechazo, hasta las cifras discrepantes entre las entidades responsables de atender este problema, a mi juicio, de salud pública.
Entre enero y agosto de este año se han registrado cerca de 5 mil denuncias por violencia sexual, donde el 70 % de las víctimas son niñas y adolescentes. El Ministerio de la Mujer reportó 82 casos de feminicidio en el mismo periodo y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) señaló que el 68 % de las mujeres han sufrido violencia física, sexual o psicológica en el 2016.
Estas cifras demuestran que la violencia en el Perú está presente de manera preocupante, no solo se trata de resaltar la violencia de género y castigar severamente a los protagonistas, la violencia es un problema sistémico que debe enfrentarse con una mirada multisectorial, debemos de identificar y entender las verdaderas causas que desatan la violencia en los peruanos para buscar soluciones reales a este problema, e inmediatamente, convertirlas en política pública, de rápida implementación y con un presupuesto adecuado para hacerlo.
La violencia no solo se refleja en los casos de feminicidio, podría decir que estos casos son el último eslabón de esta cultura de narcisismo y falta de respeto que está instalada en la sociedad peruana como un nuevo cáncer que afecta el tejido social, un cáncer que se alimenta peligrosamente de la violencia que se difunde en los medios de comunicación desde las horas del desayuno hasta la media noche; a través de las redes sociales cargadas de odios e insultos; y en la prensa chicha que contamina la mente de los peruanos sin distinguir edad, sexo ni condición social.
La violencia nos acompaña cada día, en el infernal tránsito cuando el peatón tiene que esquivar las combis de la muerte, cuando el conductor se transforma en un agresor al volante, cuando el claxon retumba los oídos de todos. Cuando vamos en búsqueda de un servicio del Estado y somos maltratados por los “servidores públicos”. Cuando la justicia es un privilegio de unos cuantos, y la mayoría tienen que padecer meses y años para ver si realmente obtienen justicia en su juicio de alimentos, o alguna indemnización laboral o por daños y perjuicios. Cuando el alcohol, las drogas y las luces de colores presagian otra bronca con botellas rotas o puños embebidos del odio, los celos y el rencor en fiestas y discotecas que se amanecen hasta hacer tambalear los cuerpos de sus concurrentes. Cuando el servicio de salud no es garantía de mejora de nuestras dolencias. Cuando los ancianos y niños vulnerables terminan estirando la mano para pedir una limosna en cada luz roja del semáforo o lo que es peor, cuando algunas mujeres terminan cediendo sus cuerpos para recibir a cambio unas monedas acuñadas por la minería ilegal, el narcotráfico, la tala ilegal o la trata de personas. O simplemente, porque la informalidad, el subempleo, las jornadas de 12 horas de trabajo sin descanso, los services abusivos, y otras formas de maltrato a la dignidad humana, calan en la piel y la mente de muchos peruanos que buscan en el alcohol o las drogas una especie de refugio a su miserable realidad.
Cada año en el Perú se registran cerca de 100 mil accidentes de tránsito, con más de 55 mil víctimas entre heridos y lesionados, y cerca de 3 mil muertos, como consecuencia de la falta de respeto a las normas de tránsito. Solo estos accidentes generan daños valorizados en mil millones de dólares al año, la violencia sobre ruedas impacta entre el 1.5% y 2% del PBI. Los servicios de salud públicos colapsan cada vez que un bus colisiona o se desbarranca en nuestras carreteras. Nuestras morgues maltratan más los cuerpos que perdieron la vida por la violencia que agrede a los más indefensos en la costa, sierra y selva del Perú. Es decir, tenemos suficientes razones para entender que este problema de salud pública está causando muchas muertes y mucho dolor en los hogares peruanos.
Es imprescindible que el Estado, de la mano con los medios de comunicación y la sociedad civil, resuelva cuanto antes este problema, sino las consecuencias seguirán costando más vidas, y nuestro tejido social seguirá padeciendo de otro cáncer que ―al igual que la corrupción― seguirá matando la esperanza de los peruanos.