“Para mis amigos todo, para mis enemigos la Ley” es una frase atribuida a un dictador latinoamericano que no he podido sacar de mi mente esta última semana.
Lo cuento porque quedé impresionado por la forma sesgada en cómo se trató el tema de la filtración de una sentencia apócrifa del Tribunal Constitucional, por nada menos que el presidente del partido de Gobierno, quien también es congresista.
Como sabemos, a través de un tuit, el congresista Violeta difundió un “documento interno de trabajo de carácter reservado” sobre una causa que aún no está resuelta, presentándolo como si fuera una sentencia del TC. Hay quienes sostienen que “no es nada trágico”, o que en otras oportunidades se produjo algo similar. Sin embargo, debo coincidir con lo señalado por el exmagistrado Urviola: El hecho es “deplorable” y no se puede admitir en “el órgano de control de la Constitución”. Aceptarlo, soslayarlo o −peor aún− justificarlo por simple cálculo político es aplicar diferentes valores, según de quien se trate.
Alguien dijo, incluso, que esto puede considerarse una “anécdota”, mostrando con ello que todo depende de quién sea el responsable del hecho. De lo que sí estoy seguro es que si un miembro de Fuerza Popular hubiera sido quien lo filtró, sin duda hubiese sido flagelado por algunos medios de prensa y los “indignados” de siempre.
El tema no es poca cosa, sino una más de las cuentas del rosario de irregularidades presentes en el proceso de inconstitucionalidad sobre la Ley de fortalecimiento de grupos parlamentarios, que conforme explicó mi colega y vicepresidente del Congreso, Mario Mantilla, y también lo señaló un expresidente del TC, constituye evidencia del quebrantamiento del Principio de Imparcialidad.
Aparentemente, una de las partes del proceso (el congresista Violeta, quien además es uno de los demandantes) conoció indebidamente un documento de trabajo reservado que formaría parte esencial del proceso deliberativo en dicha causa, que aún está en trámite. Esto permite inferir un nivel de coordinación peligrosísimo e inaceptable que, además de vulnerar el derecho a la igualdad que deben tener las partes en el proceso, constituiría un mecanismo de presión sobre los magistrados para que orienten su decisión en un determinado sentido.
Esto no está bien y hay que decirlo: TODOS MERECEMOS UN TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE NO SOLO SEA IMPARCIAL, SINO QUE TAMBIÉN LO PAREZCA.