Recientemente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó un documento en que se compara a 20 países de América Latina y el Caribe, indicándose que Argentina, Brasil y Perú ocupan los primeros lugares por sus costos laborales no salariales, equivalentes al 70% en contraposición a Trinidad y Tobago, Jamaica y Chile, cuyo costo es menos del 40%. [1]
Esto no es una novedad, pero ahora tenemos un documento actualizado emitido por un organismo internacional que nos da una señal para que tomemos la decisión de si continuamos con la sobrerregulación laboral, esa que solo le asiste a un grupo de privilegiados de la PEA y que usualmente se encuentra en las grandes empresas, o seguimos manteniendo el más del 70% de informalidad que hay en el país, principalmente en empresas que no llegan a los 10 trabajadores.
Para ello, el Ejecutivo ya apostó por reformas tributarias aprobadas; el fortalecimiento del Sistema de Inspección del Trabajo (Proyecto de Ley N° 01722/2017-PE, pendiente de aprobar); y por las propuestas que pueda presentar la Comisión de Protección Social para reformas en el financiamiento de la cobertura universal de aseguramiento de salud y protección previsional, sin generar informalidad en el mercado de trabajo. [2]
Pareciera que – por el momento – no habrá mayores reformas, pues en el Marco Macroeconómico Multianual 2018-2021 se menciona que: “(…) la mayor generación de empleo formal estará asociada, en especial, a la mayor inversión en infraestructura, que permitirá mayores encadenamientos con otros sectores que son intensivos en mano de obra como el sector comercio, servicios y la industria manufacturera…”. [3]
Debemos recordar, sin embargo, que está pendiente alguna medida concreta para el desempleo juvenil (hay un Proyecto de Ley N° 01104/2016-PE, que continúa en evaluación de las Comisiones de Trabajo y Seguridad Social y la de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso), pues de no hacerse algo a favor de ellos afectará a una generación completa, que más tarde pasará a formar parte de los adultos mayores sin pensión y sin mayor cobertura en salud, quienes vivirán más y con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, condiciones cardíacas y enfermedades pulmonares que son mucho más costosas.
Es cierto que estamos en un periodo de menores ingresos y de grandes compromisos (en disminuir la brecha en infraestructura, la reconstrucción del Norte y el acceso al agua), pero existe perspectiva de crecimiento a futuro. Aunque también deberíamos adoptar consensos políticos que se cumplan en el corto, mediano y largo plazo, especialmente en lo que se refiere a mantener o no estos costos laborales no salariales; incrementar el gasto corriente aumentando salarios sin exigir mayor productividad y evaluación permanente; y, finalmente, la implementación del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) como un verdadero plan de beneficios mínimo legal para toda la población, de acuerdo a la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, Ley N° 29344.
[1] https://publications.iadb.org/handle/11319/8430
[2] Resolución Ministerial N° 017-2017-EF/10
[3] https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_macro/MMM_2018_2021.pdf Pág. 57