En un Estado democrático, el máximo órgano de interpretación de la Constitución es autónomo e independiente. Nuestro Estado, es un Estado democrático, por ende nuestro Tribunal Constitucional –máximo intérprete y garante de la Constitución- debe ser autónomo e independiente. Es más, la misma Constitución Peruana en su artículo 201° señala que “El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Es autónomo e independiente.” Más allá de conceptos, hoy debemos tener claro cuál es el contenido de este precepto constitucional.
Lo señalado tiene relación con el contexto actual, sobre la publicación extraoficial – vía redes sociales- del Presidente del Partido Político Peruanos Por el Kambio, el Congresista Gilbert Violeta, de la parte resolutoria de una supuesta sentencia del mencionado tribunal, con relación a la acción de inconstitucionalidad presentada contra la Ley de Fortalecimiento de Partidos Políticos, que puso en evidencia la necesidad de verificar si nuestro Tribunal Constitucional actúa con autonomía e independencia al resolver las causas sometidas a su jurisdicción.
Se trata de una publicación de por sí irregular, como posteriormente lo admitió el propio Tribunal Constitucional, a través de un comunicado, anunciando el inicio de una profunda investigación. Los mecanismos de publicación de las sentencias del Tribunal Constitucional están debidamente reglados. La resolución emitida luego que se encuentra terminada y firmada por los magistrados, recién son materia de publicación a través de la propia web de la entidad. Cualquier acceso previo al documento se encuentra, o debería encontrarse, reservado única y exclusivamente a sus miembros, en aras, una vez más, de preservar las condiciones de imparcialidad e independencia que hemos señalado.
Tal autonomía e independencia implican, que no tienen dependencia (valga a reiteración) ante ningún otro órgano estatal o de terceros; es decir, nadie puede instruir al Tribunal Constitucional el sentido del fallo. Ésta es la premisa que corresponde en un verdadero Estado Constitucional de Derecho.
Consideramos que la publicación extraoficial y “anticipada” de la parte resolutiva de una sentencia afecta gravemente la legitimidad del Tribunal, pues no podría siquiera garantizarse la seguridad de las resoluciones que emite, máxime si se tiene en cuenta que sus miembros han señalado que aun la causa mencionada no ha sido resuelta. Además de ello, esta publicación podría significar una politización en las causas, lo cual sería gravísimo. Aquí quisiera dejar una interrogante al aire, ¿qué hubiera pasado si la filtración la hubiera realizado algún Congresista de Fuerza Popular?
Es muy importante recordar que el Tribunal Constitucional es un organismo netamente técnico, es decir que NO TIENE TINTES NI INFLUENCIAS POLÍTICAS. Sin embargo, el que un actor político difunda en redes en calidad de “primicia” la parte resolutiva de un proyecto de sentencia, que debería mantenerse en reserva, propia de la tecnicidad del organismo, puede, peligrosamente, dar la imagen de que el organismo padece influencias de alguna fuerza política.
El Perú aún tiene una democracia en proceso de institucionalización. Existe, además, una profunda crisis de desconfianza de la ciudadanía respecto a las instituciones públicas. Es una verdadera lástima que situaciones como la comentada golpeen fuertemente la imagen de una de las pocas instituciones que gozaba de la confianza ciudadana, máxime cuando hace pocos meses otra institución de similar relevancia constitucional fue seriamente afectada, la Contraloría General de la República.
Nuevamente, el Tribunal Constitucional, en un Estado democrático, es autónomo e independiente. Defender su autonomía e independencia es tarea de todos, y ello va más allá de una simple previsión normativa, pues todos los actores –incluyendo a los políticos- debemos respetar dicho pilar democrático sin tener injerencias sobre el mismo. Un accionar distinto solo mermará la imagen de esta institución técnica y solvente que debemos respetar.