El ordenamiento de la planilla del Sector Público corre el peligro de volver al desorden del cual siempre nos hemos quejado. Luego de batallar por varias reformas: FFAA y PNP, Profesores, Médicos, Enfermeras, CAFAE y Ley del Servicio Civil (LSC) ―algunas de ellas incluso con respaldo del Tribunal Constitucional (TC)―, vuelven a ser cuestionadas no solo por sus actores (titulares de la entidad y sus trabajadores), sino por consignas políticas de algunos congresistas que encuentran un nicho de oportunismo para su alicaída imagen ante la población. No es casual que un congresista del partido político que tiene mayoría en el Congreso aparezca en una conferencia con dirigentes vinculados a MOVADEF [1] en plena crisis del Sector Educación.
Preocupa esta situación, en especial por los que nos gobiernan, pues solo atinan a ser reactivos sin tener rumbo conocido ni pronunciarse, por ejemplo, de manera contundente por la salida de la regulación de la LSC a las instituciones del Congreso, BCRP y SBS, Ley Nº 30647 aprobadas por insistencia del mismo Congreso (¿conflicto de intereses?).
Esto contraviene, por cierto, lo expresamente establecido (e incluido) por el mismo TC, dando una sensación de que no es prioridad continuar con el ordenamiento del Sector Público y que son tiempos donde, a través de movimientos (frentes, agrupaciones, delegaciones) y reclamos públicos, se aceptará lo que ellos pidan (por ejemplo, mayores ingresos sin evaluación) sin importar las formas (su representatividad, huelgas declaradas ilegales, etc.).
En el caso del sector Educación, menos mal que estuvieron presentes algunos Congresistas que fungieron de mediadores, para que se den cuenta de lo difícil que es gobernar y lo frustrante que puede resultar cuando los profesores patean el tablero de la negociación.
Pero debemos resaltar también el lado malo del sindicalismo. No he escuchado algún pronunciamiento propositivo de alguna Central Sindical (y eso que hay ocho en Lima) respecto de este problema social del Sector Educación. Habría que recordarles que el SUTEP forma parte de las bases de la CGTP, pues no solo se trata de incrementos salariales (a lo que el gobierno ya se comprometió), sino de una posible pérdida del año escolar, alumnos que tendrán que recuperar horas de estudio, padres de familia que se tendrán que adecuar a nuevos horarios para que sus hijos asistan a clases y que sus profesores no acepten ser evaluados.
Finalmente, cabe recordar que hoy no tenemos una Ley de Negociación Colectiva para el Sector Público, pese al requerimiento del TC y habernos dado un plazo prudencial para aprobar esta norma (una legislatura del Congreso). Las pocas iniciativas presentadas por nuestros legisladores cometen el mismo error. Ninguna plantea la posibilidad de incrementos salariales a cambio de mayor productividad, olvidando que el Sector Público no es una empresa privada y que se rige por un presupuesto anual de alcance nacional, cuyo financiamiento proviene, principalmente, de la recaudación tributaria; por lo que no puede manejarse de manera individual, pues no son islas de negociación.
[1] http://larepublica.pe/politica/1075054-hector-becerril-dio-conferencia-junto-a-dirigentes-vinculados-al-movadef