El tiempo ―en adelante― no será aliado para que los corruptos evadan la justicia. Esta fue una de las frases más recurrente durante el último pleno del Congreso de la República, este último jueves 17 de agosto. Se trata de un día histórico para nuestro país, pues el Poder Legislativo de amplia mayoría de Fuerza Popular ha dado un mensaje claro, fuerte y unánime en la lucha contra la corrupción que mina nuestras instituciones y causa gravísimos daños económicos para el país, robando los recursos que especialmente deben beneficiar a los más pobres.
El núcleo del mensaje es contundente: “si cometes un acto de corrupción, la acción penal no prescribirá”. Se aprobó la modificación del artículo 41 de la Constitución Política del Estado, a fin de que los delitos más graves que se cometan en agravio de la Administración Pública o el patrimonio del Estado nunca prescriban. La votación al dictamen se aprobó por UNANIMIDAD.
El Estado, representado por el Ministerio Público, siempre podrá investigar y denunciar a los corruptos sin importar el momento en el que hayan cometido el delito; a su vez los jueces los podrán condenar.
Hasta hoy, los corruptos, valiéndose de todo tipo de estrategias y artimañas utilizaban el paso del tiempo para alegar la prescripción (imposibilidad) de la acción penal. Es decir, no alegaban inocencia, sino que en una actitud desafiante y alentadora de la impunidad, le decían al Perú que no podíamos siquiera juzgarlos o investigarlos al haber transcurrido el tiempo. Con la modificación aprobada, esta herramiento de impunidad ha sido eliminada de nuestro ordenamiento jurídico. El tiempo ya no será un impedimento para procesar y encarcelar a los corruptos.
La lucha por conseguir esta reforma relevente contra la corrupción continúa, necesitamos que el Presidente de la República suscriba la autógrafa que se le ha remitido y promulgue finalmente la Ley. La pronta firma dará a la ciudadanía alguna muestra clara y concreta de que el Ejecutivo también está plenamente comprometido en este objetivo, más aún cuando los últimos acontecimientos relacionados con la destitución ―que no ha sido aclarado debidamente― de las Procuradoras del caso Lava Jato.
Es muy importante precisar que el transcurso de un año de trámite en el Congreso de la República de este Dictamen se debió, primero, a que el mismo fue elaborado sobre la base de iniciativas legislativas de casi todos los Partidos Políticos representados en el Legislativo. Uno de estos fue el que presentamos con mi colega y amigo Miguel Ángel Torres, pero además al tratarse de una modificación del artículo 41 de la Constitución Política, se necesitaba una “ley de reforma constitucional”, que requiere ser aprobada con una votación superior a los 2/3 del número legal de congresistas durante dos legislaturas. La primera votación se dio en el periodo pasado, y en esta segunda legislatura (que empezó hace 2 semanas) se concretó la tan ansiada segunda votación.
Este trabajo arduo y conjunto del Congreso, tiene como propósito evidenciar la lucha frontal contra la corrupción y concurrentemente dar una señal muy clara ante los peruanos: que la clase política tiene muy clara la necesidad de atacar y eliminar este problema. Este nuevo Congreso que reune 130 voluntades, tiene como único objetivo trabajar por el bien del país, con una vocación de servicio que pretendemos reflejar en la aprobación de normas transcendentales para nuestro país; como la reforma comentada, donde la exigencia de una amplia mayoría por tratarse de una ley de reforma constitucional no fue un impedimento para su aprobación por UNANIMIDAD y por todas las fuerzas políticas. Estamos seguros que las reformas que nos tocan desde el Poder Legislativo serán aprobadas mejorando los contenidos técnicos y garantizando la búsqueda del consenso multipartidario, pero sobre todo escuchando a nuestra colectividad. Estas son sus reformas, aquellas de las que hablamos en la campaña pasada, esta es su voz plasmada en una norma, este es el compromiso de la representación en el Congreso de Fuerza Popular.