Una reforma pendiente en el Perú es la reforma laboral. Parece broma, pero hoy el Estado peruano no tiene reglas de juego claras para el manejo de los recursos humanos en el aparato público, ni una Ley General o una normativa integrada para el sector privado. La situación laboral del país se ha convertido, por ello, en esta especie de engrudo que no sabemos cómo ingerir.
Una importante arista es el manejo público de los recursos humanos. Los sistemas de contratación son tan contradictorios, que podemos encontrar en una misma oficina personal que cumple la misma labor contratado bajo distintas modalidades. Encontramos un CAS con derechos limitados que renueva contrato cada mes, un 728 con estabilidad laboral ilimitada y un 276 con derecho a su puesto de trabajo de por vida.
Lo trágico es que el gobierno anterior diseñó un sistema de Servicio Civil (Ley Servir) que integra estas distintas modalidades de contratación en una lógica de carrera pública, pero lamentablemente su implementación es boicoteada a diario por trabajadores, funcionarios y hasta tecnócratas de Alta Dirección.
Otro grave problema es la poca representación que tienen los sectores laborales en el espacio institucional de diálogo social laboral. Sabido es que el 70% de nuestra economía es informal e ilegal. Lo curioso es que este 70% de trabajadores y empresarios (el famoso sector MYPE) no está debidamente representado por los gremios empresariales y las centrales sindicales que ocupan un puesto en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT). ¿Por qué solo un 30% de representación laboral decide sobre todas las remuneraciones mínimas vitales y las condiciones para despedir trabajadores? No entendemos aún. Y esta situación afecta al sector público y al privado.
El problema de fondo en el sector público es que los ingresos de los trabajadores no están condicionados a su productividad. El cumplimiento de metas y resultados no permite hoy definir su continuidad. Cumpla o no con ellas, este no puede ser removido de su puesto de trabajo libremente. Un claro ejemplo es la dificultad que tendrá el sector Educación para remover de sus cargos a maestros que hoy incumplen su trabajo, so pretexto de continuar con una huelga ya declarada ilegal.
Lo cierto es que la gestión del talento público requiere de una profunda reforma que socave los cimientos mismos de la contratación de personal. No pasa por maquillajes superficiales que evitan darle solución al problema de fondo: presupuesto por resultados. La clave no está en la estabilidad laboral, sino en la productividad de los trabajadores. Existen avances interesantes en algunas instituciones públicas, pero tomar fotografías de casos de éxito no basta para hacer una revolución.
Si no se cumplen las metas públicas, que van más allá del gasto presupuestal, debemos hacer una revisión completa de las competencias que sustentan hoy la contratación de funcionarios públicos. Esto no quita que promovamos capacitaciones y actualizaciones de esas competencias, pero la desvinculación laboral de funcionarios debe ser una realidad para que podamos cumplir tareas diarias, mensuales y anuales sin contratiempos.
De más está decir que tenemos un largo camino por recorrer para lograr avances importantes en este ámbito. Pero los gobiernos de turno se resisten a iniciar este cambio. No será un tema que dé popularidad a nuestras autoridades… eso lo sabemos muy bien. Pero alguien debe comenzar de una vez por todas con esta revolución laboral que ponga las bases de un Estado eficiente, oportuno y eficaz en su accionar. ¿Se animará este gobierno a iniciar el cambio? ¿O tendremos que esperar cuatro años más para delinear una estrategia definitiva?