Nuevamente, las calles de Lima ―y desde algún tiempo en las ciudades al interior del país― son obstaculizadas. No solo por el desastre del tránsito, combis asesinas y taxistas informales. También por nosotros mismos que no cumplimos las reglas de tránsito. Semáforo en color rojo es pare. Para doblar a la derecha debes estar en el carril derecho, no en el izquierdo. Si te pasaste de la calle debes dar la vuelta a la manzana, no retroceder en la avenida, entre muchos otros consejos de convivencia pacífica.
Pero aparecieron también los profesores del sector Educación. El Ministerio del Interior no tuvo mejor idea que difundir que un maestro reclamando mejoras salariales en la calle es sinónimo de “terrorista”. Craso error, además de incompetencia, pues que yo sepa el Sector Educación no ha sido absorbido por el del Interior. Lo que le compete a este último es “garantizar, mantener y restablecer el orden interno” (Artículo 166 de la Constitución Política del Perú).
Pero pasemos a analizar este reclamo de las mejoras salariales de los profesores del Sector Educación, que algunos especialistas han calificado como una de manifestación política y otros como una de pugna de poder gremial al interior del SUTEP.
Al aparecer, existen tres grupos a su interior: SUTEP, SUTER CUSCO y el Comité Ejecutivo del SUTEP. Pero ante la falta identificación de su representatividad, ¿cómo podemos sentarnos a negociar algún compromiso? Ya se firmaron actas y ya se dejaron sin efecto por parte de una de las agrupaciones sindicales.
Lo cierto es que hay varias regiones donde no hay clases por más de cincuenta días, siendo el principal afectado el alumno. Ante ello tenemos dos alternativas: Sentarnos a negociar nuevamente y con compromisos de ambas partes o aplicar la Ley.
Ante una huelga declarada ilegal, las ausencias injustificadas por más de tres días consecutivos a su centro de trabajo le corresponde la sanción de cese temporal. Con el tope de dos ceses temporales, de haber un tercer cese recién les correspondería la sanción de destitución (Artículo 82 de la Ley de Reforma Magisterial). Pero esto no es tan sencillo.
Me temo que el Sector Educación no tiene un plan alternativo, como la contratación temporal de profesionales que estén a la altura de poder cubrir las clases de todos los alumnos, un mapeo de reubicación de alumnos o convenios de recuperación de horas alumnos. Aquí no solo debe estar presente el Gobierno, también profesores y padres de familia.
Paralelo a ello debería empezarse la implementación de un cronograma de evaluaciones de desempeño para los profesores, en aplicación también de la Ley de Reforma Magisterial; un registro de organizaciones sindicales a nivel nacional debidamente revisado y depurado (hoy solo es a nivel Lima Metropolitana[1]). Y de una vez por todas tener una posición concreta y efectiva para hacer frente a los profesores y ciudadanos de a pie que hacen apología al terrorismo.
[1] http://www2.trabajo.gob.pe/servicios/organizaciones-sindicales-vigentes/