El pasado 4 de agosto fue el día del juez, el Presidente Kuczynski asistió a la ceremonia realizada en el poder judicial donde sostuvo que “la justicia es fundamental para que un país funcione, por lo que necesitamos un sistema que sea transparente y eficiente, con expedientes digitalizados, en aras de una simplificación y que no demore tanto tiempo”.
En nuestro país tenemos un poder judicial organizado en 33 distritos judiciales, con cerca de 3 mil jueces en todo el Perú, donde el 60 % son titulares y el 40 % administran justicia de manera provisional o como supernumerarios.
Se estima que la carga procesal anual del poder judicial supera los 3 millones de expedientes. De estos, el 55 % es una carga heredada de años anteriores y cada año ingresan un promedio de 1,4 millones de expedientes nuevos —una carga procesal que se incrementa en 200 mil expedientes no resueltos cada año—. Según el Informe de la Gaceta Jurídica sobre la justicia en el Perú, se proyecta que la carga procesal para el 2019 será de 2,6 millones de expedientes no resueltos.
Esta es la carga procesal que cada año ocupa a los cerca de 3 mil jueces a nivel nacional, de los cuales, 40 son supremos, 552 superiores, 1500 especializados y cerca de 800 son jueces de paz letrados, es decir, menos de 2,400 jueces tienen en sus manos la responsabilidad de resolver la mayoría de procesos judiciales en primera instancia. Lo cual resulta una tarea titánica en manos de jueces que tienen que acomodarse en ambientes poco adecuados y de deficiente infraestructura, sobre todo en provincias, para cumplir sus funciones.
Probablemente esta sea una de las razones por las cuales los procesos judiciales demoran tanto en el Perú; por ejemplo, un caso de robo agravado o violación sexual que legalmente debe resolverse en 7 meses, termina en realidad superando los 4 años de proceso, siendo este tiempo el promedio para resolver cualquier caso por parte de los administradores de justicia. Una realidad muy distante a lo expresado por el Presidente en sus declaraciones del pasado viernes.
Sin embargo, debemos tener fe y esperanza de que esto cambie, alcanzar la eficiencia en el sistema de justicia va más allá de tener mayor presupuesto, ¿de qué sirve tener más dinero si no se tiene claro los procedimientos que se deben seguir para hacer más eficiente, menos costoso y más rápido los procesos judiciales?
Tampoco será suficiente la digitalización de los expedientes judiciales si estos no responden a un sistema integrado de gestión de una carpeta única que debe iniciarse desde las comisarías y mesas de parte de las fiscalías provinciales, hasta el término del proceso, con un número único de expediente desde la denuncia hasta la sentencia o determinación final del juez.
Esto sería parte de la solución al mediano o largo plazo; sin embargo, debemos destacar las experiencias exitosas de administración de justicia eficiente y rápida en el corto plazo y con los pocos recursos —humanos y económicos— que se tiene. Para poner un ejemplo, en la Corte Superior de Justicia de Moquegua, donde César Salinas Linares, juez titular especializado en familia, trabaja al lado de sus 6 asistentes y tres especialistas de la salud (psicólogo, asistente social y médico legista) con quienes ha reorganizado su sistema de trabajo de tal manera que ha logrado superar las metas triplicando la producción que le exige el poder judicial cada año, en el 2016 resolvió más de 2400 casos, y en lo que va de este año ya supera los 900 casos resueltos.
¿Cómo lo hace?, ¿a qué se debe su exitosa gestión en su juzgado?, ¿qué lo motiva a él y al personal de su despacho para alcanzar este nivel de eficiencia?, son algunas de las preguntas que deben analizarse con especial atención para replicar estas buenas prácticas en otros distritos judiciales. Está bien que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial lo felicite y le reconozca sus méritos por alcanzar el primer lugar a nivel nacional en producción judicial de su especialidad; sin embargo, es necesario que un equipo evaluador, especializado, experto o como quiera que se llame, revise estos procedimientos y evalúe y proponga la mejor manera de replicarlo.
El Juez Salinas organiza audiencias maratónicas, incluso los sábados, para resolver los casos en menos de los plazos máximos comprendidos en la Ley, además, una vez al mes concurre con su equipo a las comisarías para atender en el mismo lugar las denuncias. Incluso llga a resolver judicialmente los casos en 3 o 4 horas y sin que la víctima tenga que desplazarse a tres lugares como ocurre normalmente en los casos de violencia familiar (denuncia en la comisaría, luego va donde el médico legista y después la audiencia en el juzgado), estos tres actos se realizan en la misma comisaría y de manera inmediata, otorgándole la protección requerida a la víctima y la sanción al agresor.
Iniciativas exitosas como la del Juez Salinas en el poder judicial y las fiscalías distritales en el Ministerio Público deben ser revisadas y analizadas por expertos multidisciplinarios de todas las entidades que conforman el sistema de justicia para recoger sus buenas prácticas e implementarlas. Y así poder encontrar soluciones integrales a un problema que afecta un derecho humano que nos corresponde a todos los peruanos, porque todos merecemos el acceso a la justicia con calidad, igualdad y celeridad.