Habría que ser muy tonto para encontrar un delito en el derecho que tiene Gabriel Aguirre Martens a postular a una beca financiada por el Estado peruano, tal como lo tiene cualquier ciudadano en este país. A lo sumo, lo suyo es de una torpeza enorme que ―seguro por falta de comunicación familiar― hoy pone en peligro la carrera política de su madre.
Más que discutir el expediente político que subyace tras la denuncia a Marilú Martens, por ―supuestamente― haber querido favorecer a su hijo con la Beca Presidente de la República para que estudie una maestría en Harvard (la que nunca obtuvo por no cumplir con el requisito de límite de ingreso familiar); el tema de fondo es debatir por qué seguimos promoviendo una política pública de financiamiento educativo condicionada a la situación de pobreza que, técnicamente, queremos ayudar a superar.
Me explico. Bajo el pretexto de superar la pobreza, el Estado peruano promueve una serie de becas y fondos de financiamiento para investigación y emprendimientos, pero siempre los requisitos están acompañados de una supuesta condición de pobreza que es la que queremos superar. Al ponerle límite al ingreso familiar del beneficiario, no estamos premiando el talento ni las buenas ideas. En el fondo estamos reproduciendo las condiciones de pobreza que permiten acceder al beneficio público que brindamos. Eso que los expertos en gestión pública llamamos “beneficio perverso”.
El reto que tenemos por delante es diseñar políticas públicas que promuevan el talento y la formación de una futura élite profesional, técnica y política que tomen las riendas del país para sacarlo adelante. Esas condiciones o competencias que requieren quienes formen parte de esa futura élite no deberían estar asociadas a los ingresos familiares, sino a condiciones intelectuales o éticas que acompañen un espíritu de superación.
Eso no quita que las condiciones de pobreza puedan darle algunos puntos adicionales en la competencia por el financiamiento a ciertas personas, pero no deberíamos condicionarlo a ello. Los sectores medios, por cierto, son aquellos que hacen realidad los grandes cambios y reformas sociales y empujan ―en general― la economía familiar de sociedades en desarrollo en todas partes del mundo. Mal haríamos en dejar de lado a esta clase media que, en nuestro país, requiere aún de soporte público para consolidar su incipiente acumulación de riqueza.
Si utilizamos este nuevo enfoque para rediseñar los distintos programas sociales que hoy implementa el Estado peruano, nos daremos cuenta que el “beneficio perverso” está presente en casi todos; lo que más que promover círculos virtuosos de generación de riqueza y superación de la pobreza, se convierten en círculos viciosos que siguen reproduciendo pobres que solo se aprovechan de Estados ineptos, corruptos e ineficientes.