Una de las principales promesas en las elecciones presidenciales pasadas estaba vinculada a garantizar una Procuraduría General de la República que goce de autonomía para el cumplimiento de sus funciones. Esto, considerando que en el último trimestre del 2015, el entonces Presidente Ollanta Humala Tasso despidió en forma arbitraria y sin mayores explicaciones a la destacada abogada Julia Príncipe porque se atrevió a declarar ante la prensa el estatus de una investigación que involucraba a su cónyuge, la Sra. Nadine Heredia; situación que fue duramente criticada por todos los líderes políticos y la ciudadanía en general, inclusive por el actual Jefe de Estado.
En el caso concreto de Peruanos Por el Kambio – PPK, el Partido de Gobierno, propuso no solo crear, sino además implementar a partir del año 2016 una Procuraduría General de la República como un Organismo Público Ejecutor del Poder Ejecutivo; cuyo titular sería nombrado y eventualmente removido a través de un mecanismo que garantice su autonomía. Además de ello, se comprometieron a garantizar que el Procurador General nombre, vía Concurso Público, a todos los procuradores que trabajen con dicho funcionario.
Así, luego de asumir el cargo, el Presidente de la República designó nuevamente a la Dra. Julia Príncipe como Procuradora General, y en el marco de las facultades delegadas emitió un Decreto Legislativo modificando parcial y tímidamente el régimen de dichos servidores. Lamentablemente, ni hubo concursos públicos, ni hubo autonomía en las funciones a cargo de la Procuraduría Pública. Hace unos días la Dra. Julia Príncipe fue despedida nuevamente, ahora por negarse a retirarle su confianza a la Procuradora del caso Lavajato, la Dra. Ampuero, quien habría osado incluir en las investigaciones a altos funcionarios del Gobierno actual, según su propia versión, o, por haber inaplicado una norma que la Ministra de Justicia considera vital para lograr una reparación de los daños causados por la empresa Odebrecht. Cualquiera que sea la verdadera razón de la salida de las Procuradoras, el país merece conocerla. Ya no cabe que exista explicación alguna por parte de la Ministra Pérez Tello o de las propias Procuradoras despedidas, sino que esta explicación debió ser, a nuestro modesto criterio, parte de las medidas correctivas que el Presidente debió anunciar en su discurso del día 28 de julio ante la Nación.
El discurso emitido no supo explicar las acciones concretas que se debían adoptar para corregir situaciones como las descritas en nuestro país. Fue un discurso de excusas y pretextos, que de cierta forma pretendieron justificar un año muy duro no solo para nuestra economía, sino también para la lucha contra la corrupción. El país requiere y —pasado un año— exige muestras concretas de lucha contra la corrupción para que el Presidente zanje finalmente esta especie de cordón umbilical que lo une con el Gobierno pasado, explicando las acciones adoptadas hasta la fecha respecto de los contratos millonarios suscritos, pero además que demuestre la intención de su Gobierno de que los corruptos o presuntos corruptos deben pagar por sus delitos. Por ejemplo, haciendo mención a las acciones desarrolladas para lograr que el prófugo Alejandro Toledo sea extraditado, desterrando ese halo de impunidad que nos agobia y que incluso podría afectar seriamente su gestión.
La Procuraduría Pública sin duda es una pieza importante en la lucha contra la corrupción pero no es la única, se requiere un sistema integral que incluya una reforma de la Contraloría General de la República, pero además a los órganos que administran justicia y a quienes designan a estos administradores (jueces y fiscales). En general se requiere no solo de leyes sino de voluntad política para cerrar la brecha y medir los hechos y acciones.
Merece continuar con una segunda parte del artículo.Desarrollar el cordón umbilical que hace alusión y sobre todo el pésimo gesto de un político de largos años nombrado primero a Principe,sólo por apariencia,pura hipocresía.FELICITACIONES CONGRESISTA URSULA LETONA.