Foto: RPP

Uno de los grandes problemas que marca la historia de los últimos gobiernos es el pésimo manejo gubernamental que se tiene de los conflictos sociales. Tener un monitoreo de ellos y convertir los potenciales focos de violencia en mesas de diálogo parece ser el mayor logro de nuestros geniales burócratas de turno los últimos 20 años; pero comprender la verdadera naturaleza del conflicto es lo que en verdad deberíamos hacer, antes de recurrir al brazo armado del gobierno, que no es otro que el famoso estado de emergencia y con ello la autorización para que las Fuerzas Armadas usen la violencia legal con el objetivo de restaurar el orden social.

En clase siempre reflexionamos con mis alumnos sobre la siguiente situación: ¿Qué pasaría si el día de mañana, el Ministerio de Energía y Minas autoriza a una minera extranjera explotar una veta de oro, plata o cobre descubierta debajo del Golf de San Isidro? Estamos completamente seguros que ese proyecto minero estaría condenado al fracaso, pues los vecinos de San Isidro se opondrían sin dudarlo al “maldito proyecto” que estaría invadiendo su espacio público y privado. ¿Cuál es la diferencia cuando este tipo de proyectos se descubren en zonas rurales del interior del país? ¿Acaso sí existen peruanos de primera y segunda clase?… es la pregunta que siempre queda dando vueltas por el aire del aula que nos cobija ese fin de semana.

Lo cierto es que uno de los temas claves para resolver este tipo de conflictos es definir de quién debiera ser la propiedad del subsuelo. Hoy lo es del Estado y eso crea una compleja situación entre el dueño del subsuelo (Gobierno de turno) y quien lo habita por encima (comunidades o pueblos), quienes finalmente no tienen mayores derechos sobre su propiedad cuando lo que está debajo de sus viviendas o tierras es concesionado a grandes grupos de poder.

El otro gran problema es que nadie ―ni desde el Estado, ni desde el sector privado— está mapeando, monitoreando o estudiando el perfil psicográfico de los actores sociales, económicos y políticos en aquellas regiones del país que concentran las principales inversiones extractivas. No hablamos de una segmentación tradicional tipo nivel socio económico ―insuficiente para entender el comportamiento de grupos sociales―, sino de segmentaciones tipo estilos de vida pero con foco en sectores económicos, servicios públicos u otros que podamos imaginar. Esta deficiencia impide que los gobiernos desarrollen eso que los especialistas llamamos “inteligencia social”, que no es otra cosa que un conocimiento integral de audiencias y públicos, de manera que podamos establecer una negociación eficiente con ellos cuando de dialogar se trata.

El tercer gran problema es que no existen mediadores adecuados. Los últimos conflictos (Arequipa, Bagua, Conga o Tía María) demuestran que para nuestros gobernantes la situación de crisis siempre es provocada por agitadores, terroristas o antisistema que promueven el odio y la violencia per se. Y que la única solución que les queda es enfrentarlos con más violencia hasta que la muerte de varios compatriotas disipa las protestas y todo queda en nada, sin culpables ni mayores explicaciones de lo ocurrido. Y es que en los conflictos de índole extractiva, el Estado terminó tomando partido por las grandes empresas, pero al mismo tiempo quiso cumplir el rol de mediador o árbitro. Eso es imposible. Tal vez sería importante promover la formación de pymes negociadoras que junto a la Defensoría del Pueblo se ocupen de mediar profesionalmente en los distintos conflictos que se desarrollan a lo largo del territorio nacional, evitando que haya ese evidente conflicto de intereses que ocurre cuando los gobiernos pretenden negociar en nombre de las empresas.

Algo similar ocurre con los conflictos laborales y de reforma estructural que exigen hoy, por ejemplo, médicos y maestros en distintas regiones del país. Estoy absolutamente seguro que si en este momento le preguntamos a la Ministra de Educación o a la Ministra de Salud cuál es el perfil psicográfico de los dirigentes que lideran las protestas en sus sectores, no tienen ni la menor idea de lo que les estaríamos preguntando.

Por eso el diálogo que promueven no funciona y es insuficiente. Porque optaron por la desinteligencia social. Porque no comprenden la naturaleza del conflicto. Porque no quieren ir más allá del rol burocrático que les exige la norma administrativa, porque no viven el país de lo cotidiano, porque no entienden la mentalidad de las regiones, porque prefieren hacerle caso a los halcones que promueven soluciones autoritarias, antes que buscar caminos que permitan reconstruir el tejido social que hoy requieren los peruanos.

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