Preocupa sobremanera que uno de los pilares sobre los cuales se construyó la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski, y luego el voto de confianza que el Congreso le dio a su primer gabinete, como es la lucha anticorrupción, venga evaporándose como por arte de magia, a medida que las instituciones del sistema de control acercan sus pasos al círculo más íntimo del poder político que gobierna hoy.
Sucedió con el caso Carlos Moreno, donde el asesor personal del Presidente de la República fue grabado telefónicamente en coordinaciones con proveedores del sistema de Salud para beneficiarse económicamente con el uso de presupuestos públicos. El gobierno intentó camuflar el negociado y luego tuvo que dar marcha atrás y denunciar, contra su propia voluntad, al amigo personal de PPK, a quien inicialmente defendió e incluso agradeció por los servicios prestados tras su renuncia obligada.
Sucede cuando el Defensor del Pueblo envía un plan de lucha anticorrupción y el gobierno encarpeta la propuesta dejando que duerma el sueño eterno, así como deja en el olvido las más de 100 medidas anticorrupción que propuso un equipo de técnicos de lujo, a quienes el mismo Presidente encargó un plan de reforma del sistema de control luego del impase Moreno.
Sucedió con el contralor Alarcón, cuando no quiso cambiar el resultado de la auditoría de la adenda del contrato del aeropuerto de Chinchero, a pesar de la ya conocida presión política que ejerció el premier y hasta dos ministros de Estado, aparentemente por encargo del Presidente de la República. Se lo demolió política y mediáticamente hasta que el Congreso tuvo que retirarle la confianza y nombró a un nuevo Contralor.
Sucede cuando hace dos días se retira del cargo a la Presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Julia Príncipe, por negarse a destituir a la procuradora Katherine Ampuero, quienes investigaban el caso Odebrecht y denunciaron al Presidente y al Vicepresidente de la República por supuestos vínculos con el gigante brasilero. El respaldo a las investigaciones entró en directa colisión con el gobierno, en este caso en “modo Ministra de Justicia”.
Sucedió ayer, cuando la Fiscalía interviene las oficinas de la Contraloría General de la República el primer día de funciones del contralor Shack, congelando todo el proceso de auditoría del contrato de Chinchero y evitando que se hagan públicos los resultados de la auditoría al Contrato, donde estarían involucrados tecnócratas del MEF y amigos cercanos al premier y al Presidente de la República.
Lo cierto es que este primer año de gobierno está plagado de señales inequívocas en torno a la lucha anticorrupción. Más que reformar el sistema de control pareciera que el gobierno quisiera desmantelarlo. La nueva consigna del gabinete de lujo sería promover grandes inversiones con instituciones de control de la gestión en “modo avión”. Pero esta forma de gobernar sin control no es la que el país necesita.
Se requiere un gobierno que esté dispuesto a destapar el hedor que esconden las alcantarillas del poder político, sin vergüenza, sin pudor, sin miramientos y sin temor. Uno al que no le tiemble la mano para reformar las instituciones que tenga que reformar. Uno que esté dispuesto al cambio y no a la defensa cómplice de amigos cercanos. El país está por encima de cofradías tecnocráticas que prefieren darle prioridad al interés privado.