La base militar de “Madre Mía” era una base contrasubversiva ubicada en la región de San Martín donde valerosos militares entregaban su vida para pacificar nuestro país, que allá por el año 1992 se encontraba enfrentando la barbarie de Sendero Luminoso. Sin embargo, esta admirable labor se vio mancillada por las denuncias de secuestro, tortura y asesinato que se habrían dado.
Toda esta historia inició con la denuncia de un ciudadano de nombre Jorge Ávila, quien habría logrado escapar de tal salvajismo, pero su hermana y cuñado no habrían corrido la misma suerte, estando en calidad de desaparecidos. Si bien el Ministerio Público abrió una investigación que demoró años, esta fue archivada e inclusive el propio Poder Judicial decidió sorpresivamente no iniciar juicio oral por “falta de pruebas”. Sin embargo, años más tarde se hicieron públicos unos audios que supuestamente detallarían la existencia de una compra de testigos que habría excluido de responsabilidad penal a los investigados.
Ante nuevos indicios, y –por qué negarlo– la presión mediática, el Ministerio Público reabrió la investigación tras ocho años de su archivamiento. Asimismo, en el marco de sus competencias, el Congreso constituyó la Comisión Investigadora de “Madre Mía”, y hace 3 semanas designó a sus integrantes, otorgándome el honor y gran responsabilidad de presidirla.
Algunos críticos indicarán que era una época de enfrentamiento donde lamentablemente también tuvieron que morir civiles; sin embargo –y aquí quiero ser enfática– los familiares de las víctimas tienen el derecho a saber qué sucedió con sus seres queridos. Por qué esas madres no volvieron a ver a sus hijos regresar a casa, por qué esos hermanos no pudieron tener una conversación más con los suyos, por qué se creó un resentimiento hacia nuestras valerosas fuerzas armadas en ciertas zonas del Perú, entre otras.
Esto, querido lector, se llama “derecho a la verdad”, que ha sido reconocido por el propio sistema interamericano como el derecho de las familias a saber qué les sucedió a sus seres queridos y va aparejado con la obligación de los Estados de condenar cualquier violación a los derechos humanos. Este derecho le asiste a toda persona, y en virtud de nuestras disposiciones constitucionales, el Estado –incluidos el Ministerio Público y el Poder Judicial– está obligado a garantizar su pleno ejercicio.
Por ello, espero sinceramente que en los próximos meses se llegue a la verdad. Que los familiares de las víctimas sepan qué les sucedió y puedan darles sepultura conforme a sus creencias y tradiciones, sin importar el estado en el que se encuentren. Solo así las víctimas podrán descansar en paz y los familiares podrán colmar esa incógnita sobre el destino final de sus seres queridos que los viene atormentando por años.
En mi calidad de Presidenta de la Comisión Madre Mía, tengo la enorme responsabilidad de que eso se cumpla, y así trabajaré. Tengo el firme compromiso de colegas miembros, que en el marco de nuestras competencias lograremos encontrar respuestas, con la única finalidad de que los familiares de las víctimas y la sociedad civil sepan qué sucedió, quiénes fueron los verdaderos responsables y que estos asuman las consecuencias de la barbarie de sus hechos en los fueros correspondientes, y, a su vez, no se siga contaminando el legado que nos han dejado los buenos y valientes militares y policías que dieron sus mejores años de vida para pacificar nuestro país.