El reciente despiste de un bus de transporte turístico en el Cerro San Cristóbal, que dejó 9 personas fallecidas y 35 heridas, pone, al menos por 2 días, la seguridad vial y el transporte en la agenda de los medios y los opinólogos. La falta de una atención adecuada de las víctimas por el sistema de salud es por cierto uno de los aspectos que también se releva y genera continuas apariciones de los familiares quejándose, y con justa razón, del trato indolente y burocrático ante la tragedia.
Por un par de días escucharemos los diagnósticos y quizás la formación de comisiones investigadoras pero los temas estructurales, de fondo, volverán a ser descuidados hasta el próximo «accidente».
Llevamos años, como sociedad y como Estado, sin poder resolver el problema y se seguirán volcando y chocando los buses en las ciudades y en las carreteras y entonces, la responsabilidad será de los municipios, de los fiscalizadores, del ministerio y al final terminara con una pena impuesta al chofer como responsable directo, pero nada más.
Sin embargo, la solución, si bien es compleja, no es abordada. El problema del transporte pasa por una adecuada gestión de los servicios de transporte, por el establecimiento de un régimen regulatorio moderno eficaz que provenga desde el MTC en cumplimiento de su rol rector y que encamine con parámetros claros cual es la forma en que los gobiernos locales y regionales deben regular los servicios de transporte en sus ámbitos territoriales. Es necesario que el Estado retome su rol con una política integral en materia de transporte y movilidad para el apoyo, asistencia técnica y recursos económicos necesarios para hacer sostenible en el tiempo un cambio en la estructura empresarial en el sector y pasar de empresas cascaron a empresas sólidas, que operen en rutas concesionadas que garanticen las condiciones de calidad y seguridad necesarias para todos los peruanos.
Debemos pasar del esquema actual de desarrollar solo infraestructura en transporte, sin considerar los servicios complementarios y su impacto en la vida, a un esquema donde el transporte por ser una actividad económica fundamental para la colectividad sea declarado servicio público y se generen los incentivos adecuados para su correcto funcionamiento.
No pretendo agotar el tema en estas líneas pero quiero dejar sentado, que más allá del exceso de velocidad del bus y de la responsabilidad funcional de las autoridades habilitantes, nada cambiará si no se aborda una verdadera política publica de regulación de los SERVICIOS de transporte.