Fernando O’Phelan, Presidente de PROJUSTICIA, revela que Tumán se encuentra en una situación muy crítica. Dice que sigue en riesgo y que el estado de emergencia sí logró sofocar la violencia que reinó hace un par de meses. Manifiesta que el temor mancha la industria azucarera en el Norte del país. No solo entre los trabajadores, sino también entre la población que, finalmente, es la más afectada. A pesar de muertes y violencia física evidente, el experto constata que no hay ningún detenido, lo que demostraría la nula reacción ante la corrupción de parte de jueces, fiscales y policías locales.
DePolitikaPe: Fernando, ¿qué está pasando en el Norte con las azucareras?
Fernando O’Phelan: Lo que tarde o temprano iba a ocurrir. Empresas que existen hace más de 120 años, con infraestructura de 100 años de existencia en zonas donde podrían producir hoy, si fueran eficientes, más de medio millón de soles cada una. Más o menos dos millones de soles en total por la región. Empresas que en los últimos 15 o 20 años no han pagado impuestos, ni CTSs, ni derechos laborales. Empresas que más o menos tienen entre dos mil a tres mil trabajadores cada una. Por lo tanto, comprometen a cuatro grandes ciudades de Lambayeque: Cayaltí, Pomalca, Pucalá, y la más emblemática que es Tumán. Emblemática por una razón simple: En Tumán se concentra el fenómeno de violencia que ejercen aquellos que se aprovechan de trabajadores que no fueron preparados para ser accionistas. Estas empresas eran cooperativas. Primero haciendas, luego cooperativas. Luego se convirtieron en accionistas. Hoy esos señores, de accionistas, solo saben que es un papel, que ellos guardan arriba de un ropero.
DP: ¿Quiénes son los accionistas o propietarios de Tumán?
Fernando O’Phelan: Los propietarios son básicamente trabajadores y jubilados, viudos o herederos, que no son más del 30%; un grupo empresarial llamado grupo Oviedo, que tiene más o menos una cantidad similar; y el saldo de casi 40% que tienen los que han comprado en bolsa de valores en Lima, un grupo de accionistas limeños.
DP: ¿Quién controla la empresa?
Fernando O’Phelan: Esta empresa estuvo controlada 9 años por Edwin Oviedo, un señor que llegó como un comerciante, creció y hoy es uno de los empresarios emblemáticos no solo en azúcar. Sin embargo, él mismo se dio un autogolpe, es decir, él mismo a su directorio le puso una administración judicial. Esa administración judicial (hace 9 años aproximadamente) generó desgaste, falta de legitimidad y tuvo una mala gestión.
DP: ¿Esa administración judicial de nueve años fue controlada por quién? ¿Por el Grupo Oviedo?
Fernando O’Phelan: Correcto. El propio Projusticia apoyó la salida del Grupo Oviedo y el ingreso de los trabajadores, creyendo que esa era una mejor solución, una salida. Sin embargo, nos encontramos con un fenómeno donde las administraciones judiciales envuelven a los trabajadores para el mal. Siempre habrá interés de algún tipo de comerciante o empresario.
DP: ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurrió?
Fernando O’Phelan: Se eligió a un señor, Marcelino Llontop, que era un líder sindical hace como 2 años, y él se empoderó como un líder que luchaba frente a los millones que tiene el Grupo Oviedo, mientras que ese señor solo tenía su machete, porque es cortador de caña. Sin embargo, lo que ocurrió el primer día que ingresó ―esa misma madrugada― es que salían trailers con azúcar, sin tener ninguna factura. Hizo lo que no se debía hacer. La propia población, los trabajadores, lo sacaron y colocaron a otro señor.
DP: ¿La población o lo cambió la administración judicial?
Fernando O’Phelan: La propia población y los trabajadores presionaron para que cambie la administración judicial. Estas empresas están muy vinculadas socialmente con la población en general. La población depende, directa o indirectamente, de la empresa. Así que presionaron para eso, y una jueza decidió nombrar a tres representantes de la sociedad civil, que eran entidades acreditadas ante el juzgado: asociación de jubilados, asociación de trabajadores y los frentes de defensa.
DP: ¿A ellos se les entregó la administración?
Fernando O’Phelan: Al momento de entregársela, lo que se pensaba es que esa era la salida. Pero igual ellos les dieron sus derechos a un grupo empresarial conocido como “el clan”, que ya había controlado Pucalá hacía 10 atrás, y que es un grupo conocido por utilizar herramientas de violencia muy radicales. Esta situación mostró una segunda administración de trabajadores que, en realidad, estaba siendo manipulada por intereses empresariales específicos del grupo llamado “el clan”, que ya tenía en Pucalá los antecedentes de tener 28 a 30 muertos sin ningún detenido. En Tumán también hubo algunas muertes. Esto refleja que en estas ciudades, en Lambayeque en particular, hay una especial sintonía entre jueces, fiscales y policías corruptos.
DP: Si esa administración tenía el control de la empresa, ¿por qué ejercía la violencia?
Fernando O’Phelan: Si un grupo empresarial depreda quiere decir que todo el azúcar se va. Ves que las cuentas bancarias por la venta del azúcar pasan a manos privadas. Es muy gráfico ver algunos de estos administradores judiciales yendo a retirar dinero al banco, pero no sabes a dónde van las grandes ventas. Hablamos que en una semana la venta del azúcar cubre la planilla de la empresa y las otras tres semanas no. No hay ninguna rendición de cuentas, ni siquiera al juez. Recordemos que la administración judicial depende del juez. El juez es quien debe llevar las pautas. En este caso no había control judicial. En realidad, las administraciones judiciales no son controladas en ningún lugar del Perú, es parte de la corrupción del sistema.
DP: ¿Qué ocurrió después de esta administración?
Fernando O’Phelan: Había violencia. Mucha violencia porque esta administración del señor Sandoval buscó quedarse mediante acciones de amparo y medidas cautelares.
DP: ¿Esta violencia la ejercían contra quién?
Fernando O’Phelan: Contra todos aquellos que protestaran por abusos. Hay personas que iban a trabajar con su DNI y los matones se los rompían. Hay personas que querían protestar porque iban a reclamar algún tipo de derecho y los golpeaban.
DP: ¿Por qué y cómo terminó esta administración?
Fernando O’Phelan: Terminó porque la jueza se dio cuenta de su error y los subrogó. Encontró la salida reviviendo el cuarto directorio que tuvo la empresa, cuya legitimidad es muy cuestionada. Inclusive por nosotros. Pero resultó ser la única salida para que ese cuarto directorio convocara a una junta de accionistas. Y este 9 de julio se dará la discusión para preparar un nuevo directorio.
DP: ¿El directorio que está actualmente es un directorio elegido para que administre o para convocar a la nueva junta?
Fernando O’Phelan: Has dicho la palabra correcta. Es un directorio resucitado para convocar y administrar este proceso de transición. Se nombra al señor Antonio Becerril como gerente general. Hasta la gente que más detesta a Oviedo o al fujimorismo respeta a Antonio Becerril. Él es un contador, ingeniero, un hombre con 35 años de experiencia en la región, en todas las azucareras. Rescató azucareras de situaciones caóticas. La verdad yo mismo no lo conocía hasta hace poco. Pero me doy cuenta que su legitimidad técnica es reconocida por todas las partes.