Son impactantes las imágenes transmitidas en los medios de comunicación del incendio de la Galería “Nicolini”, así como de las muestras de entrega y valor de los miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, realizando heroicos esfuerzos para salvar vidas y controlar el fuego.
Es doloroso, pero a la vez vergonzoso, que la reflexiones realizadas con lo sucedido con el evento del Fenómeno del Niño Costero – el caso de Mesa Redonda, obviamente después de las tragedias; no calen en nuestra sociedad, pues tanto los comerciantes como nuestras autoridades competentes no hayan podido prevenir esta tragedia, no hayan podido darse cuenta que las 4 víctimas – jóvenes entre 18 y 21 años aproximadamente – desempeñaban una labor casi de “esclavitud laboral”, pero con el agravante de hacerlo en un ambiente con enorme riesgo, donde también al parecer habían menores de edad.
De acuerdo a lo que se ha podido conocer, las autoridades municipales han señalado que sólo el primer piso de la Galería contaba con autorización, no los pisos superiores donde justamente se almacenaba toda clase de material inflamable sin cumplir las exigencias de seguridad. Es más, informaron que clausuraron los pisos superiores, pero aun así los dueños de los almacenes, desacatando el mandato de la autoridad, continuaron haciendo uso. Esta situación nos lleva a concluir que el accionar de los propietarios ¿no resulta siendo un delito de exposición de personas al peligro o un homicidio culposo? Acaso el hecho de que la autoridad edil no haya podido ejecutar la orden de clausura, porque según manifestaron, los propietarios no permitían ingresar sin “orden judicial”, ¿no constituye también una omisión de funciones? ¿Por qué no se realizaron y consiguieron las acciones que permitiera el cabal ejercicio de su autoridad?
Inmediatamente surge una nueva interrogante ¿dónde quedó el principio de autoridad? La respuesta la venimos observando con mucho pesar de forma rutinaria, “el principio de autoridad está solo escrito” pero no se ejerce, o se ejerce de forma muy limitada. A diario se observa a choferes que “sacan la vuelta a inspectores de tránsito”, los delincuentes enfrentan sin ningún remordimiento a la policía, la zona “minera” de Madre de Dios y otros lugares del país, cada vez con mayor carencia de autoridad. En general la informalidad gana terreno a la legalidad, y en casos como “Las Malvinas” MATA.
Los servidores y funcionarios públicos deben tomar conciencia de que ¡son la autoridad pública! De que encarnan lo que en el Derecho se denomina el ius puniendi del Estado, por lo que deben trabajar en salvaguarda del interés común adoptando todas las herramientas legales que el ordenamiento jurídico prevé. No limitar su accionar a voluntad de terceros. Esa inacción, esa renuncia al ejercicio de sus facultades legales, debe ser materia de sanción, pues no debe existir excusa para no ejercer autoridad conferida legalmente.
No es problema de regulación. Nuestro país tiene muchas normas (en demasía), sobre todo reglamentarias que dotan de las herramientas a los funcionarios y servidores públicos para su ejercicio. Lo que quizá falta es la disposición para un cabal desempeño de su calidad de funcionarios, así como la pasión y la vocación de servicio que la sociedad reclama.
Cuestionamientos que se extienden a la labor de los jueces, fiscales y otras autoridades. Haciendo un símil, estas autoridades que no ejercen o ejercen mal sus funciones, deberían procurar reflejar sus labores en el desempeño de los bomberos, que evidencia pasión, entrega y vocación de servicio. Así es el tipo de funcionario que busca la sociedad.
Finalmente, este tipo de tragedias no son culpa exclusiva de las autoridades. La ciudadanía tiene parte en esta responsabilidad por acción o por omisión, pues incumple con pleno conocimiento las normas o desacatan los mandatos de la autoridad, pero también no denuncia en los canales legales adecuados las prácticas ilegales que observan.
Hoy se trata de la vida trunca de cuatro jóvenes, y ya tuvimos tragedias similares como Utopía o Mesa Redonda. ¿Hasta cuándo seguiremos renunciando a nuestra autoridad? ¿Hasta cuándo la ausencia de una política frontal (en sentido positivo) contra la informalidad, seguirá costándonos vidas y ausencia de equidad? Es hora de empezar a combatir la informalidad de forma integral. De procurarles un futuro mejor a los jóvenes con menores recursos, procuremos una sociedad con equidad en memoria de quienes fueron víctimas de ésta tragedia producto de la informalidad.