En más de una oportunidad he comentado que, en época de campaña, era común escuchar decir, a quienes visitábamos, frases como “ojalá que cuando llegue al poder no se olvide de nosotros” o “todos dicen lo mismo y cuando son elegidos, ni se acuerdan de lo que nos prometieron”. Frases como esas son las que constantemente aparecen en mi mente y logran direccionar mi gestión parlamentaria.
Nuestra principal promesa electoral fue desarrollar una agenda legislativa a favor de las Mypes, algo que por cierto, no sucedía hace mucho en el Congreso de la República. La razón de esta promesa electoral: Cumplir con lo que la Constitución dispone: “promover a las pequeñas empresas en todas sus modalidades”. Y es que cuando uno comprende que son las Mypes las que por su fragilidad y escazas oportunidades requieren de un apoyo especial para salir adelante, es lógico comprender que el Estado debe intervenir para “igualar la cancha”.
Hace más de cinco meses el Congreso aprobó por unanimidad la Ley del IGV Justo, norma que hoy oxigena a más de 50,000 Mypes en nuestro país. Ahora es el turno de Alertas Educativas.
Es común encontrar a emprendedores agobiados, pues ni bien inician su empresa, la Administración Tributaria le ha aplicado alguna multa, decomiso o cierre de local por el incumplimiento de obligaciones formales. Y es que si se considera que en la actualidad, solo en el tema tributario, existen más de 70 obligaciones formales que una Mype debe cumplir, y que un estudio de Doing Bussines (2016) revela que es casi un mes el necesario para que una empresa cumpla con todas esas obligaciones, no es difícil comprender lo ilógico e injusto de esta situación.
Analizando esta realidad, presentamos la iniciativa de Alertas Educativas que propone que la primera sanción de una Mype sea una capacitación y no una multa, un cierre o un decomiso.
La Comisión de Producción ya ha dictaminado de manera favorable, y esperamos que en breve la Comisión de Economía haga lo mismo.
Corrijamos enseñando, ayudando a crecer de manera sostenible, dejando de ver a la multa como un mecanismo de financiamiento adicional del Estado. Poniéndonos del lado de nuestro emprendedor.