Recién nos damos cuenta que los productos alimenticios que se consumen en el Perú no son los que aparecen en el etiquetado, y ahora pretendemos lapidar (con justa razón) a Grupos que tienen el oligopolio en lo que se refiere a lácteos.
Pero no olvidemos los demás productos que diariamente consumimos. Esto puede ser muy fácil para un grupo de la población que calificaríamos como los “privilegiados”. Pero ¿qué hacemos y qué estrategias debe emplear el Estado para el otro sector de la población que vive el día a día con las justas? Ese peruano que busca sus cachuelos de trabajo para poder alimentar a su familia, y que esta le exige diferentes alimentos dependiendo de la edad de sus familiares. No es lo mismo alimentar a un recién nacido, niño, adolescente o a un “pulpín”.
Recordemos que, de acuerdo al Código Civil, nuestros padres tienen la obligación de mantenernos hasta los 28 años (artículo 424), pese a que nos quieran dar “bondadosamente” el derecho político de sufragar a partir de los 16 años. ¿Qué hacer con el contrabando de alimentos? ¿Qué hacer con la comida de dudosa procedencia que se vende en todo lugar, generada por el autoempleo y el subempleo?
Cuando se implemente la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes (la Ley 30021), la fiscalización de la publicidad de los alimentos y bebidas corresponderá al INDECOPI; de los azúcares, sodio y grasas saturadas al Ministerio de Salud; y de la alimentación saludable al Ministerio de Educación, los gobiernos regionales y las UGEL.
¿Acaso todas estas entidades tienen el poder, la capacidad y la suficiente autoridad de impedir que nos alimentemos de esta comida chatarra? En mi opinión: No. Lo único que debemos apostar, en el corto plazo, es que nuestra población pueda tener acceso a información concreta, de fácil lectura y entendimiento, para que podamos discernir entre lo que es bueno, lo que nos conviene y lo que podemos consumir de acuerdo a nuestra capacidad adquisitiva.
En un país con una informalidad superior al 70%, en el que no cumplimos las reglas mínimas de habitabilidad, limpieza, acceso al agua potable, reglas de tránsito; en donde no hay justicia, pero hay invasores de terrenos, delincuencia, corrupción y contrabando, difícilmente veremos un horizonte para exigir una adecuada alimentación.
Sin duda, este es uno de los principales pilares para salir del subdesarrollo en el que nos encontramos. El reto es trabajar todos juntos, empezando de cero, pero no siendo más papistas que el papa. No nos dispararemos nuevamente a los pies. Eliminar el contrabando en un solo acto sería maravilloso, pero ¿no impactaría, por ejemplo, en Puno y en su población? ¿O eliminando del mercado ciertas bebidas (antes consideradas leche), la población se volcaría a consumir una leche saludable, pero que cuesta casi el triple? ¿De dónde saldría el dinero para cubrir esa diferencia de precio? ¿Acaso estamos pensando en un subsidio del Estado?