En las últimas semanas, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República ha suscitado gran atención, no solo por los temas mediáticos y tan criticados, sino porque aunque algunos no quieran reconocer, se están dando importantes avances para la discusión y aprobación de la tan ansiada reforma electoral. Así pues, a partir del informe remitido por el Grupo de Trabajo Multipartidario que se conformó para tal fin y que cumplió a cabalidad con el encargo, se identificaron los temas prioritarios de discusión y finalmente, se logró aprobar el cronograma electoral, documento que sin duda ordenará la discusión en las siguientes semanas, y que finalmente decantará en la aprobación de los dispositivos legales correspondientes.
Uno de los temas que ha despertado mayor interés, a partir de la lamentable experiencia de las elecciones pasadas, es la posibilidad de modificación del marco normativo poco tiempo antes o bien durante la campaña electoral. Como se recordará, el 17 de enero de 2016 (3 meses antes de las elecciones presidenciales) se publicó la Ley No. 30414, la cual modificó la Ley de Partidos Políticos. En la misma se dispuso, entre otras, que la entrega u ofrecimiento de dádivas —distintas a la propaganda electoral, no podrá exceder del 0.5% de la UIT— caso contrario sería pasible de sanción con una multa y la exclusión del proceso electoral.
¿Qué originó esto? Pues causó una gran distorsión en el comportamiento de los diferentes actores electorales, dado que los colaboradores y candidatos que estaban ávidos en la caza de nuevos votos para ascender en la tabla, estuvieron más concentrados en descalificar a otros candidatos y ello repercutió en la misma población. Es decir, tales agrupaciones y los electores ya no se preocupaban en la discusión de propuestas concretas, sino que más se preocupaban en ver qué hizo mal el contrincante para descalificarlo y así “capturar” sus votos. ¿Hubo algunas organizaciones beneficiadas con las exclusiones de los candidatos? Ustedes mismos saquen sus conclusiones. ¿Coincidencia? En política suelen NO aparecer.
Ahora bien, en la reforma electoral se busca establecer hasta cuándo pueden introducirse cambios a las “reglas de juego” de la contienda electoral. Algunas alternativas son ¿hasta antes de la inscripción de candidatos?, ¿hasta 3 meses antes de las elecciones?, entre otras.
Sin embargo, esto también se conecta con la oportunidad en la que pueden presentarse tachas a los candidatos. Nuevamente, estas se podrán presentar ¿hasta un día antes de la elección?, ¿hasta una semana antes?, ¿un mes antes?, etc. Pero, esto a su vez viene aparejado con el plazo en el que las autoridades correspondientes deben resolver las tachas. Es vergonzoso que, en la elección pasada, hayan existido candidatos que un día antes de la elección no sabían si las tachas interpuestas contra ellos habían sido declaradas fundadas o no. Esto no solo afecta, como es evidente, al propio candidato, sino también al propio elector que no sabe si su voto caerá en “saco roto”. Por ello, en la reforma pretendemos establecer plazos expresos y sanciones concretas y drásticas para los funcionarios que no resuelven oportunamente.
Lo expuesto son solo 3 temas relevantes dentro de los múltiples que se discutirán, como son la democracia interna de los partidos, el fortalecimiento de los mismos, los límites a los aportes privados, entre otros. Son temas que deben ser abordados con altura y profundidad. Lamentablemente, la complejidad de la discusión y la necesidad de alcanzar consensos requiere que el Congreso ocupe varias sesiones para abordar el tema, requiere de apertura, madurez y respeto por parte de las distintas fuerzas políticas, solo así el Sistema de Partidos Políticos podrá fortalecer nuestra aún precaria democracia.