El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, dijo hace poco a propósito de la excarcelación del ex gobernador regional del Callao, Felix Moreno, implicado en una caso de corrupción con la empresa Odebrecht, que hay que respetar el fallo nos guste o no.
Si se trata del cumplimiento de la resolución de la 1ª Sala Penal de Apelaciones Nacional, no cabe duda que eso se debe dar, pues nos encontramos en un estado de derecho. Pero si hablamos de expresar nuestro malestar, entonces no podemos ir contra la libertad de expresión.
El fallo es un mal precedente y un golpe contundente contra los esfuerzos por luchar contra la corrupción. Eso lo tienen claro todos, incluso los propios ciudadanos del Callao que se sienten decepcionados no solo del partido al que muchos años le dieron sus votos, sino de un Poder Judicial que no protege sus intereses.
Porque es obvio que la libertad de Moreno es un peligro. Si el tribunal no vio peligro de fuga, sí hay un peligro procesal, pues el ex gobernador regional tiene la posibilidad de volver a su cargo y modificar o influenciar sobre todas las evidencias que hay en su contra, como lo ha advertido el ex procurador José Ugaz.
Parece que los miembros de esa sala han subestimado la falla estructural del proceso de descentralización que ha convertido a algunos gobernadores regionales, en pequeños reyes sin corona y a sus regiones en feudos donde solo ellos hacen y deshacen.
Tampoco ha tomado en cuenta la serie de investigaciones que recaen sobre la cúpula del partido de Moreno, ni que su principal líder Alex Kouri se encuentra en prisión por corrupción.
Quizá los jueces dirán que las normas se deben cumplir, que el inculpado tiene garantías y que tan importante son las pruebas como el cumplimiento de los procesos. Pero qué le podemos decir al ciudadano de a pie que ha visto esquilmados sus tributos por la corrupción. Ojalá que este caso no sea el preludio para que las denuncias en torno a la empresa brasileña Odebretch queden en el olvido.