Foto: La República

El pasado 2 de junio el Perú amaneció con la amarga noticia de la muerte —en indignantes circunstancias— de cuatro jóvenes miembros del Ejército Peruano (entre 18 y 21 años) en las bravas aguas de la Playa Marbella en Magdalena (Lima). Como era de esperarse esta tragedia desató la polémica sobre la idoneidad de los métodos de entrenamiento y adiestramiento en las Fuerzas Armadas; y es que la hombría o “la virilidad” como se le conoce en el mundo castrense, no se mide con pruebas IRRACIONALES que pongan en peligro la vida misma de su personal o los lleven a la degradación como personas.

Y así lo ha entendido el propio Ministro de Defensa, Jorge Nieto, quien declaró luego de la desgracia “haber pedido al Comandante General del Ejército, una revisión total de protocolos para garantizar la seguridad de los soldados” y, mostrando reflejos, separó al Comandante de Unidad y al Mayor a cargo del grupo.

A todo esto, ¿quién nos devolverá a Bryan Lizana Chávez, Percy Gálvez Pareja, Miguel Ángel León Lamas y Edison Huangal Alvarado? Nadie. Pero que estas tempranas muertes no sean en vano y sirvan de punto de quiebre para cambiar el trato rígido y —según se comenta— excesivo, del entrenamiento militar de nuestras Fuerzas Armadas. Estaremos atentos a ello.

Por lo pronto el Titular de Defensa reunido con los deudos de estos jóvenes caídos, ha ofrecido transparencia y celeridad, la primera con relación a la investigación del siniestro del pasado viernes y la segunda, comprometiéndose que en una semana como máximo recibirían su indemnización por concepto de seguro de vida, asignando a cada familia un Oficial para el soporte en los engorrosos trámites de pensión y demás beneficios.  Confiemos se cumpla con la celeridad de los plazos.

Y desde esta Columna me permito dirigirme al ministro Nieto, en el sentido que esta misma celeridad y transparencia ofrecida a los familiares de los cuatro jóvenes ahogados en la playa Marbella, también debiera aplicarse a todos los deudos, sin distinción del personal militar que haya perdido la vida estando en actividad o acuartelado en las Fuerzas Armadas. Por ejemplo el caso de Elizabeth González Romero y Mateo (5 años), esposa e hijo del Mayor FAP Olivera Santa Cruz hallado muerto de un balazo en la Base Aérea Las Palmas el 23 de marzo del 2012 y que primigeniamente quisieron pasarlo por suicidio, pero la denodada lucha de su viuda por encontrar la verdad y hallar a los culpables, mantuvo vivo el caso y en Junio del 2015 la Cuarta Fiscalía Superior Penal de Lima dictaminó que se estaba frente a un ASESINATO y no suicidio, encontrándose la causa abierta.

Señor ministro, es INJUSTICABLE que ni siquiera en interno, se conozcan las causas de la muerte del citado Mayor, máxime si trascendió la hipótesis de que fue silenciado por descubrir un robo de partes de avión y CONDENABLE que hasta el día de hoy, no se haya cumplido con otorgarse a sus deudos, en su totalidad (no parcialmente) todos los beneficios que les asiste por Ley.  

¿Es que acaso existe alguna especie de represalia contra la familia al no haberse resignado a la hipótesis del suicidio?, me resisto a pensarlo, eso sería ilegal e indigno.  Le exhorto a ver el caso y actuar con la diligencia y humanidad que le ha caracterizado.  No quitaremos el dedo del renglón.

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