Los últimos días se ha dicho mucho del Contralor, de la Contraloría y por ende, del Sistema Nacional de Control. Así, algunos opinólogos han intentado explicar las fallas del sistema, o la inexistencia de mecanismos de pesos y contrapesos que debieran sostenerlo, como también se ha comentado acerca de una necesaria desvinculación del Poder Político en el desempeño del mismo.
Al margen de la investigación que deberá generarse respecto al Contralor por parte de las autoridades competentes por presuntos hechos acaecidos cuando ostentaba otro cargo inferior al de Contralor General de la República; la oportunidad de dichas denuncias, luego de emitido un informe —errado o no— sobre uno de los proyectos que el Poder Ejecutivo y su equipo consideran prioritario y la exigencia por parte de diversos actores políticos de la destitución —por parte del Congreso de la República— del Contralor en funciones, resulta necesario priorizar una reforma del Sistema Nacional de Control.
Según su Ley, la Contraloría es el ente superior del Sistema Nacional de Control y goza de autonomía, encargándose de la supervisión, la legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado y de los actos de las instituciones sujetas a control. Esta institución cumple un rol fundamental puesto que mediante el control gubernamental cautela que los recursos y los bienes del Estado se utilicen con transparencia, con eficiencia por parte de los servidores del estado y que estos cumplan cabalmente sus funciones, en decir con honestidad y eficiencia. Es por eso, quizá, dicha institución encuentra antecedentes de su creación en los antiguos Tribunales de Cuentas de la época virreinal, que propugnaban el buen uso de los recursos.
Diversos estudios nacionales y extranjeros han concluido que el rol del Sistema Nacional de Control ha quedado desfasado, evidenciando la aplicación de una auditoria de cumplimiento, más que una auditoría de desempeño que nos permitiría otorgarle mayor valor al dinero público, a la función pública, revalorando el servicio civil y la meritocracia.
Estos cambios en el tipo de auditoría que requerimos, la implementación de las recomendaciones para garantizar independencia y autonomía del sistema, el énfasis en las etapas sensibles de la inversión pública y de la pública-privada, entre otros aspectos, requieren de un amplio debate, requieren de la academia, requieren de evidencia para respaldar decisiones de política pública, pero sobre todo requieren de la generación de CONSENSOS.
Los cuestionamientos públicos a los informes de la Contraloría General de la República —errados o no— que constituyen prueba pre constituida en la determinación de responsabilidades; los cuestionamientos extemporáneos al mecanismo de designación del Contralor; el intento de cierto sector de vincular políticamente al Contralor para descalificar su trabajo, o; el pedido público para destituir al Contralor a través de mecanismos no previstos en el marco constitucional, no son hechos aislados, sino que evidencian mucho desconocimiento sobre el tema y además nos enrostran no solo la necesidad de implementar cambios y modificaciones de orden legal, sino también de orden político, como por ejemplo, el sistema de designación que puede darse con tan solo 18 votos de 130 Congresistas.
En el Congreso de la República se vienen tramitando diversas iniciativas legislativas vinculadas al Sistema Nacional de Control y dada la coyuntura evidenciada estaríamos en el momento adecuado para trabajar una reforma integral que involucre a todos los actores políticos, académicos, entre otros, pensando siempre en la relevancia de este Sistema en la lucha contra la corrupción, la equiparación de oportunidades para los peruanos, el desarrollo de nuestro país, y finalmente y no menos relevante, en la tranquilidad de los funcionarios honestos y que la maquinaria pública al servicio del Estado adquiera,nuevamente, mística y dinamismo.