Hablar de “Gobernabilidad democrática” en el Perú puede entenderse como la concurrencia de cinco condiciones favorables que permitan el “buen gobierno”, es decir, un país con estabilidad institucional y política; con partidos políticos institucionalizados; con sistemas de administración de justicia eficaces y de aplicación en plazos justos; con un aparato público eficiente; y una política económica orientada al desarrollo humano y sostenible de la Sociedad, con especial atención a las poblaciones vulnerables para garantizarles el acceso a servicios básicos en salud, educación, justicia y trabajo.
Sin embargo, si empezamos a mirar cada una de estas cinco condiciones básicas podemos advertir que estamos muy próximos a sufrir las consecuencias de una “crisis de gobernabilidad democrática”, abriendo espacio a nuevos actores que aprovechan estas condiciones para hacerse del poder y utilizarlo para sus propios fines totalmente alejados del bien común y del desarrollo de nuestros pueblos.
Hablar de estabilidad institucional y política es casi un sueño. En los últimos días hemos visto lo débil que están las instituciones públicas más representativas del país, desde la institución presidencial (con expresidentes investigados y todos acusados por corrupción o por violación de derechos humanos), algunos ministros (como Hernández en agricultura y su denuncia por firmas falsas o la salida de Vizcarra por Chinchero) hasta los órganos autónomos que en teoría deben ser “apolíticos”, como la Defensoría del Pueblo (y el defensor que tenemos), el BCR (con Rafael Rey y José Chlimper como directores), la Procuraduría (y las vinculaciones políticas de Julia Príncipe), o la Contraloría (con Edgar Alarcón que ha pulverizado la confianza de la ciudadanía y ahora separado de la CAN paradójicamente), y si miramos el Congreso nos encontramos con otra triste realidad que va desde el nada claro desenlace de las compras de computadoras hasta el cuestionado trámite que le dieron a la denuncia contra el Contralor, amén de los obcecados oprobios en el hall de los pasos perdidos que casi obligan a los bustos de hombres ilustres a taparse los oídos cuando Becerril, Beteta o Alcorta declaran ante los medios que presurosos encienden sus cámaras para transmitir en vivo este teatro trágico de la política bulocrática peruana.
Hablar de partidos políticos es más de lo mismo. La mayoría de peruanos no creen en los que existen, y los que perviven en el tiempo están inmersos en sus pleitos internos y en medio de pugnas para definir las listas de sus candidatos para el próximo proceso electoral, mientras que otros funcionan como vientres de alquiler ofertando al mejor postor su inscripción vigente, partidos chicha que improvisan –hasta copian- sus planes de gobierno, y un sistema electoral que merece una reforma que al parecer no llegará a buen puerto.
Hablar de los sistemas de administración de justicia es someterse a un calvario, el mismo presidente del poder judicial pregona a viva voz el colapso del sistema sumido en millones de expedientes cosidos con taladros, con leyes desarticuladas y disonantes sentencias entre un delito y otro, una justicia que se cae a pedazos y que arrastra consigo por largo tiempo a desorientados peruanos que buscan justicia y solo encuentran maltratos, indiferencia, humillaciones y sangradas en sus bolsillos por los abogados de su defensa o del mismo sistema, lo que es peor. Y ni hablar de la policía, la Fiscalía, la defensoría pública, el INPE, el IML, hasta las morgues, basta con estar en sus locales para darse cuenta de la crisis que padecen, y que no se resolverá con más presupuesto como suelen decir sus jefes.
Hablar del aparato público es también preocupante, porque aunque se viene haciendo muchos esfuerzos por modernizar los servicios estatales donde la tecnología y los sistemas de gestión ayudan mucho, podemos ver que el problema está en los que toman las decisiones en los tres niveles de gobierno, y no me refiero solo a los ministros, gobernadores, alcaldes o jefes de las entidades públicas, sino, a la falta de cuadros técnicos capacitados para ocupar los principales puestos, por eso en cada cambio de titular de pliego, se cambia la política de gestión de la institución, desandando lo avanzado, cambiando jefes y cambiando procesos, lo que evidencia la falta de una política integral de la gestión pública al servicio del ciudadano, pero sobre todo, falta un política de Estado que garantice la contratación de personal especializado y con ética en la administración pública, esto hoy ni siquiera se discute. Entonces terminamos sometiendo a las entidades públicas a los apetitos de los corruptos que hacen de las arcas del Estado el botín perfecto a cambio de su firma y sello en los procesos de adquisiciones públicas, y por lo visto no tenemos un Contralor que nos garantice que tendrá los ojos abiertos para evitar esto.
Y finalmente, para hablar de la política económica no será suficiente el espacio que tengo en esta columna, lo que sí puedo destacar es que en el Perú existe una economía paralela a la que debemos poner freno, esa economía negra que se mueve con plata del narcotráfico, de la minería ilegal, de la trata de personas, del lavado de activos, de la corrupción generalizada, esa plata negra que circula en todo el Perú, que usa los puertos, los ríos, las campañas políticas, las dragas, la madera, las coimas, esa economía negra que humilla, que esclaviza, que mata. Es que siempre me he preguntado ¿por qué en el Perú no se habla de cárteles de la droga?, será que su fachada tiene otro tipo de cartel, una especie de “financiamos campaña política”, ¿a cambio de qué?
Creo que se nos avecina una tormenta como consecuencia de la crisis de gobernabilidad que ya padecemos.