Respecto de la reconstrucción con cambios que propuso el Gobierno Peruano, que fue motivo de una pronta y prolija revisión por parte del Congreso de la República, los peruanos en general, pudimos advertir la necesidad de que nuestros sistemas administrativos como los de Contratación Pública, Control Gubernamental o Inversión Pública debían ser urgentemente reformados y optimizados.
Básicamente, el proyecto remitido por el Ejecutivo proponía crear un fast track con la finalidad de adjudicar contratos, eliminar el control posterior y reemplazarlo por un control concurrente y vinculante, y, finalmente, potenciar los existentes y crear nuevos mecanismos de inversión pública. Es decir, y en palabras simples, saltarse ―por deficientes, burocráticos, desfasados, ser fuentes de corrupción, etc.― los sistemas administrativos que rigen la actuación del Estado. Además de intentar ―por casi las mismas razonas― olvidar que estamos en un país descentralizado y que, mediante una Ley Orgánica, un anterior Congreso asignó a las autoridades del Gobierno Sub Nacional competencias exclusivas y compartidas, que se podrían vulnerar en ese intento de olvido nada inconsciente.
Corregidos los errores y olvidos evidentes, luego de un amplio debate y de un consenso casi unánime ―salvo la izquierda, una vez más― de apoyar al Poder Ejecutivo, se aprobó la Ley de Reconstrucción con cambios. Pero entonces cabe preguntarnos: ¿Solo la Reconstrucción merece sistemas administrativos eficientes y eficaces? ¿Acaso no todo nuestro país evidencia una enorme brecha de infraestructura no solo de conexión (carreteras, puentes, canales de desarrollo para MYPES), sino también de infraestructura social (colegios, agua, desagüe, postas médicas)?
Las respuestas son obvias. No solo la reconstrucción merece un sistema administrativo ad hoc, el Perú entero merece una reforma integral de la totalidad de sus sistemas administrativos que resultan siendo transversales a la función pública en todo nivel de Gobierno.
Por ejemplo, son varios países de la Región que tienen un sistema de Contratación Pública donde se pondera altamente el uso de tecnologías de la información, la estandarización de procesos, entre otros, a efectos de lograr mejores estándares en la adquisición o contratación de bienes y servicios. En nuestro país, la contratación pública en general es deficiente, los son costos altísimos y es una de las más grandes fuentes de corrupción.
Caso similar ocurre con nuestro Sistema Nacional de Control, donde la auditoría que se ejecuta está orientada a un reconocimiento de la autoridad de control por el número de funcionarios o servidores procesados, denunciados o presos, ya que el sistema los dota de una amplia discrecionalidad incluso para cuestionar asuntos técnicos especializados o decisiones de gestión que no les competen. El sistema de control gubernamental en el mundo está orientado a una auditoría de desempeño, herramienta de gran utilidad para medir el cumplimiento de los objetivos y de las metas que contienen las políticas públicas, todo ello como parte de la novedosa tendencia de aplicar una gestión por resultados.
Finalmente, respecto al Sistema de Inversión Pública, que incluye la inversión público – privada, observamos que casi la totalidad de los cambios están orientados a los mecanismos de obras por impuestos y asociaciones público privadas donde intervendrá el privado. Aquí mismo, la experiencia privada para estandarizar procesos y para determinar mejores rangos de calidad y precios son fundamentales. Asimismo, un tema a observar es la contratación directa o por exoneración, la ejecución de obra pública a nivel local, el reforzamiento de capacidades, entre una lista de temas a mirar.
La idea de tener un centro de gobierno en el Estado, como se ha hecho en diversos países de la región bajo otras denominaciones, es articular y liderar, sobre la base del CEPLAN, la planificación de la gestión del Estado Peruano para destrabar procesos y generar capacidades a nivel nacional, corrigiendo y evaluando las políticas públicas. Tarea que al parecer todos hemos olvidado. Si no planificamos la gestión, si no somos capaces de medir, nunca seremos capaces de corregir nuestras políticas públicas.