Preocupa la desafortunada exposición del Ministerio del Interior (MININTER) respecto al MOVADEF, de dejarlos pasearse por la Plaza San Martín, en Lima y alrededores, portando carteles de Abimael Guzmán y Florindo Flores Hala ‘Artemio’, personajes que hicieron demasiado daño al Perú.
Preocupa que no exista una única posición institucional MININTER – Policía Nacional del Perú, además de la falta de una adecuada estrategia para evitar que se siga haciendo este mal llamado proselitismo político. Que no pueda calificarse –según el abogado penalista Dino Carlos Caro Coria– como apología del terrorismo, pues deben cumplir los requisitos establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional (de fecha 3 de enero de 2003) contenida en el Expediente N° 010-2002-AI/TC, así como lo establecido en el artículo 316 del Código Penal , a través de este movimiento que se define como “(…) grupo de dirigentes de organizaciones populares, intelectuales y artistas del pueblo, así como abogados defensores de presos políticos y perseguidos sociales”.
Preocupa que no toquemos un tema que no solo concierne a este sector, sino también al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), pues el citado paseo fue en el día del trabajo, 1° de Mayo (ellos celebran el “Día del Proletariado Internacional”, según aparece en su portal), cuyo permiso de exposición/marcha les fue otorgado a una Central Sindical (la cual ha deslindado responsabilidad de manera débil), para que al final sirviera de fachada para ese movimiento y que, según el Texto Único Ordenado de la Ley de Relación Colectivas de Trabajo, en su artículo 11, las organización sindicales están impedidas de “(…) dedicarse institucionalmente de manera exclusiva a asuntos de política partidaria…” y de “(…) realizar o estimular actividades contrarias a la Ley o al orden público”.
Preocupa que no nos demos cuenta que ya es tiempo de trabajar de manera coordinada entre las instituciones del Estado, a fin de evitar seguir viendo y/o escuchando agrupaciones de personas que, aprovechándose de los vacíos legales y del cobijamiento de alguna organización sindical, nos genere una sensación de impotencia por no poder hacer algo al respecto.
Una revisión y actualización del registro sindical de manera voluntaria y consensuada en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, adscrito al MTPE (donde participan organizaciones sindicales, los gremios empresariales más representativos del país, funcionarios del MTPE y representantes de organizaciones sociales vinculadas al Sector Trabajo) nos daría una buena señal a la población y a las mismas centrales sindicales.
El reto es deslindar responsabilidades de cualquier acto de intromisión político (proselitismo al citado grupo de dirigentes), además del que tenga antecedentes penales, para mantener la unidad del país contra este flagelo que fue dura y eficientemente combatido en los 90 y que, por falta de continuidad de una política de Estado en la lucha antiterrorista por los gobiernos sucesores, desde los finales del 2000 a la fecha, permite que hoy abogados leguleyos pretendan hacer renacer este flagelo bajo un disfraz de movimiento político protector de delincuentes.
1 http://larepublica.pe/impresa/politica/873087-el-tc-ya-establecio-los-requisitos-para-el-delito-de-apologia-al-terrorismo