La descentralización en el Perú ha sido un anhelo desde los inicios de la República, que ha generado intensos debates sobre su forma o aplicación, desde convertir el país en una federación o solo dividirla en regiones. En buena cuenta: desconcentrar el poder era una prioridad para el desarrollo.
El proceso se inició en el primer gobierno aprista, se frustró en el gobierno fujimorista con la creación de las CTAR y se reinició en el gobierno toledista, con una reforma constitucional y grandes promesas de reivindicación.
El segundo gobierno aprista, haciendo oídos a quienes criticaron lo desordenado y costoso del proceso, desmontó la estructura establecida por su antecesor, pero puso el pie en el acelerador cediendo las rectorías y presupuestos del gobierno central a las regiones.
Hoy vemos resultados con mucha decepción: 22 gobernadores y exgobernadores regionales procesados y/o investigados por actos de corrupción, denuncias de obras paralizadas o concluidas con sobreprecio, uso de la administración regional como agencia de empleo o pago de favores, y servicios públicos lamentables para el ciudadano de provincia.
Queda, entonces, la imagen de la existencia de algunos feudos o reyes sin corona al interior del país. Ni las oficinas de control interno ni la Contraloría y, menos aún, la Fiscalía han podido actuar para evitar que se lleven el dinero a sus bolsillos.
Estoy convencida de la necesidad de desconcentrar el poder en el país, pero hay que admitir que el costo ha sido muy grande en estos últimos años. Eso me lleva a plantear la necesidad de volver a repensar qué descentralización queremos.
Mientras eso se debate, necesitamos proteger la salud y la educación de nuestra gente. Por ello, no sería descabellado, ante las actuales circunstancias, regresar las rectorías de Educación y Salud al gobierno central. Además debemos darle mayor rol protagónico a la Contraloría, inyectándole más recursos para tareas de control de obras y planillas de personal.
Si estamos en el año del “Buen Servicio al Ciudadano” no debemos pensar solo en eliminar trámites sino en proteger los recursos de aquellos que buscan hacerse ricos con los servicios públicos.