Ya es hora de limpiar el Estado

Luego de cada proceso electoral o procesos de elección en los organismos autónomos se repite una historia similar. Después de la juramentación de los flamantes ministros, congresistas, gobernadores regionales, alcaldes o titulares de pliego, surge de inmediato una pugna entre sus allegados para hacerse del “puesto de confianza” que les permita gestionar las cerca de 3 mil instituciones públicas a nivel nacional.

Los que trabajaron lealmente con el propósito de que su candidato resulte elegido se convierten en merecedores de dignos cargos públicos porque han demostrado con entereza sus cualidades y competencias en organización, convocatoria e influencia política y cuyo resultado ha sido comprobado en las urnas o en los procesos de elección de sus máximos representantes.

Luego de los resultados anunciados por los medios de comunicación –y las redes sociales- de inmediato se conforman los “equipos técnicos” para evaluar a la institución, consultar al doctor google, ver la asignación presupuestal a través de la consulta amigable del MEF, sin dejar de lado la impresión de la estructura organizacional, la escala salarial y otros indicadores de gestión que les permita rápidamente diagnosticar a la entidad que les apetece para los próximos meses de nueva gestión.

Hasta que el diario El Peruano en sus normas legales confirma la designación. “Ya tenemos nuevo jefe”, es la silenciosa frase que recorre los pasadizos de los edificios estatales, otra vez el doctor google se convierte en el referente para conocer la trayectoria del elegido, los trabajadores respiran incertidumbre y los funcionarios públicos que ocupan cargos de confianza sienten que el tiempo se les acaba y empiezan a buscar algún pariente o amigo cercano al nuevo jefe para que los recomienden a ver si pueden mantenerse en el cargo.

Con el nuevo jefe ingresa su nuevo equipo, en principio como asesores, y en pocas semanas terminan ocupando esas plazas “de confianza” disponibles en la alta dirección de las organizaciones, y luego ellos evalúan al personal a su cargo, y evidentemente harán los cambios necesarios para dar lugar a su nuevo personal de confianza.

Y entonces empieza la nueva gestión, fácilmente se puede reconocer a los funcionarios más influyentes del nuevo jefe, a los que todos les hacen caso y les sonríen complacientemente, las secretarias coordinan con control patrimonial para la asignación de sus bienes, con sistemas para que le asignen sus nuevos celulares y computadoras, con seguridad para facilitarles estacionamientos y acceso privilegiado a la institución, y recursos humanos los incorporan en tiempo récord demostrando alta eficiencia en la creación de sus legajos, inscripción en la EPS, creación de sus planillas, entrega de credenciales y el registro en el sistema para el control de asistencia.

Con el pasar de los días y las tareas propias de cada entidad, estos nuevos funcionarios terminan involucrados en los procesos de gestión típicos de la organización, toman decisiones, disponen de recursos públicos y reportan periódicamente sobre sus avances y el cumplimiento de las tareas programadas para cada trimestre de gestión.

Todo esto está bien, siempre y cuando los nuevos funcionarios tengan el conocimiento y la experiencia suficiente para ejercer sus cargos con eficiencia, responsabilidad y honestidad. Sin embargo, esto no necesariamente se cumple, lamentablemente una parte de estos “funcionarios de confianza” no cumplen con alguno de estos tópicos básicos para la gestión pública. El poco conocimiento y la poca experiencia podrían resolverse contando con personal de apoyo calificado, pero de ninguna manera podría darse alguna responsabilidad –y menos el poder- a aquellos que están cuestionados por su conducta inmoral y sin ética.

Aquí surge uno de los mayores problemas en las entidades del Estado, muchas veces la alta dirección tiene entre sus principales funcionarios a gerentes y asesores descalificados éticamente. Personas que toman el poder y de inmediato se convierten en caudillos, mercaderes de la información privilegiada, de los recursos públicos y de los puestos de trabajo; creen que la autoridad y el cargo que se les asigna será para siempre y que no están sujetos a control alguno. En este punto hacen lo que les da la gana, contratan a dedo a sus amigos, negocian con los seguros, los servicios de limpieza, los de vigilancia, disponen de los bienes de la institución para usos particulares, le ponen precio a su firma y visto bueno en los trámites burocráticos –que generalmente terminan favoreciendo a terceros en perjuicio del Estado–, y otras tantas cosas totalmente cuestionables dentro de las organizaciones. Y esto sucede, penosamente, a vista y paciencia de los trabajadores que silenciosamente se hacen de la vista gorda para evitar sufrir mayores consecuencias de su desdicha de tener jefes miserables, corruptos e inmorales.

Y entonces cabe una pregunta, quién debe vigilar, supervisar y monitorear a las entidades del Estado para evitar que estos bellacos se infiltren en el servicio público para hacer de las suyas. ¿SERVIR podría cumplir esta tarea?, ¿la Contraloría está en condiciones de asumir este reto?, ¿el ejecutivo o el legislativo tendrán tiempo para analizar y aprobar alguna propuesta que resuelva en el corto plazo este problema de fondo? Realmente me aferro a la fe y creo que así será en el mediano plazo, porque cada día conocemos una nueva historia protagonizada por servidores públicos de todos los niveles, en diferentes sectores del Estado, que luego de ser descubiertos terminan inmersos en procesos judiciales, incluso afrontando prisiones preventivas. Y al otro lado estamos los ciudadanos indiferentes ante estos eventos casi cotidianos, con la esperanza de que en algún momento la justicia les de la sanción que se merecen; aunque hablar de justicia en el Perú también es otra preocupante historia.