Los últimos desastres causados en nuestro país debido al fenómeno de “El Niño Costero” nos han dejado con la necesidad urgente de responder a los retos que nos plantea una reconstrucción rápida y efectiva de las varias zonas afectadas y que han dejado miles de damnificados.
Un primer paso fue la aprobación de la Ley de Reconstrucción con Cambios en el Congreso, ya que en las circunstancias actuales el Gobierno necesitaba tener a su alcance las herramientas que le permitan iniciar la tarea apoyándose en todas las posibilidades disponibles. Sin embargo, esta ha sido solo la primera piedra en el laborioso camino de restaurar la infraestructura destruida por las lluvias y la falta de prevención, y, a su vez, el primer paso para devolverle la esperanza y la fe, de una mejor calidad de vida, a los miles de damnificados.
De manera similar a como se concibió el mecanismo de obras por impuestos, hace ya casi una década, ahora, la Ley aprobada obliga al desarrollo legislativo del mecanismo de Obras por Terrenos, como una de las alternativas viables para reaccionar con efectividad ante la coyuntura actual que nos demanda una reconstrucción con cambios que justamente significa no repetir los lamentables errores del pasado ante tragedias similares.
Es aquí donde la acción de la empresa privada puede ser muy útil. Los privados se encargarían de limpiar los fondos de los ríos de desechos sólidos, encauzarlos adecuadamente, emplear mecanismos de defensas ribereñas, entre otras tareas que, hasta hoy, son competencia de las autoridades locales, regionales y de algunos sectores del Gobierno Nacional que lo hacen de forma poco eficiente.
Como contraprestación, estos podrían recibir parte de los terrenos que con motivo de dichas acciones y usando tecnología de punta, podrían ser habilitados para el desarrollo de diversas actividades económicas, exceptuando las vinculadas al desarrollo inmobiliario. Si el objetivo inmediato es la reconstrucción, esta comienza por realizar una labor de prevención que implique necesariamente mitigar el desborde de manera descontrolada de los ríos, nuevamente en cinco, diez o quince años; pero, sobre todo, evitar nuevas invasiones de familias en estas zonas.
El desarrollo legislativo de este mecanismo permitiría, además de un importante rol de prevención con el uso de los recursos de los privados, la reorientación de los recursos públicos a otras necesidades, acelerando la reconstrucción con cambios.
Esta iniciativa ciertamente necesitará el desarrollo de un marco legal adecuado, que implique tareas de medición y supervisión de una política pública, con el fin de optimizar su aplicación. Un tema fundamental será la determinación de los mecanismos de valoración de cada metro cuadrado que se recuperaría fruto del trabajo de los privados, pero a la vez debe estar alejado de prácticas corruptas.
Se trata pues de replicar los alcances y beneficios de prácticas público privadas similares y de alcance nacional, que permitan al Estado Peruano en su conjunto, optimizar la calidad de las tareas de prevención por desborde de ríos, aprovechando además los espacios físicos que dicha optimización podría originar.
Es momento de mirar adelante, continuemos trabajando en favor de las personas más necesitadas de nuestro país y hoy, principalmente, pensando en los afectados por estos desastres. El Perú y sus miles de damnificados no pueden esperar más tiempo. Manos a la obra.