Luego de 12 horas de pleno y un cuarto intermedio que duró hasta altas horas de la madrugada, el Congreso, consciente y responsable de su deber para revertir las consecuencias de los desastres naturales, aprobó el Proyecto de Ley N° 1249, presentado por el Ejecutivo para la reconstrucción.
El país y sus autoridades han querido estar a la altura del reto que impone la terrible situación que ha cargado de impotencia, tristeza y frustración a los peruanos, pues mucho de ello pudo evitarse. Sin embargo, la desidia y la complicidad de las anteriores autoridades hicieron poco o nada para prevenir los desastres.
El Congreso expresó, por ello, un decidido apoyo para lograr una reconstrucción pronta, eficiente y transparente, equilibrando dos elementos tradicionalmente contrarios: la celeridad y la transparencia, a fin de evitar los nefastos hechos de corrupción del pasado.
El proyecto de Ley evidenciaba el ánimo de lograr medidas concretas y efectivas para la reconstrucción, pero contenía algunos temas que requerían ajustes o modificaciones, a fin de ser compatibles con el ordenamiento jurídico constitucional vigente.
El Congreso se tomó dos días para sacar un texto sustitutorio, que incluya las recomendaciones que los congresistas indicaron en el pleno y luego los representantes de cada partido perfeccionaron, en compañía de la PCM y el equipo técnico de las Comisiones, con la finalidad de lograr armonizar la eficiencia y la transparencia.
Esta habilita la existencia de una Autoridad Nacional para la Reconstrucción, salvaguardando la autonomía constitucional de los gobiernos regionales y locales, precisando plazos que permitan evidenciar un compromiso real de actuar con celeridad. Además, respetando celosamente las competencias de la Contraloría General relativas al ejercicio del control gubernamental, y poniendo en relieve la transparencia en la gestión pública como mecanismo efectivo de control político, a fin de que la reconstrucción urgente no signifique un relajamiento o anulación de los controles, que posibilite o facilite la corrupción que tanto perjudica al país.
En estos términos, podemos señalar que el Parlamento cumplió su deber. Si suscribíamos el proyecto tal y como lo recibimos hubiera sido una irresponsabilidad para con el pueblo peruano, y para con el rol histórico y político que la Constitución Política nos encomienda.