En estos días se debatirá en el Pleno del Congreso de la República el Proyecto de Ley “Reconstrucción con cambios” de las zonas devastadas por el “El Niño Costero”, que contará con un presupuesto inicial de mil millones de soles y estará a cargo de los tres niveles de gobierno (Central, Regional y Municipal) asi anunciado por el Jefe del Estado Pedro Pablo Kuczynsky y el Premier Fernando Zavala.
Saludamos esta iniciativa que ya nos habla de plazos ciertos para la ansiada Reconstrucción fijada en 3 años con posibilidad de ampliarse a 1 año adicional, priorizando para ello la modalidad de inversión de “Obras por Impuesto”, la que consideramos una medida ejecutiva.
Hasta aquí tudo bem, pero reza el dicho “El infierno está empedrado de buenas intenciones” y debemos ser extremadamente rigurosos en establecer filtros de fiscalización que prevengan y sancionen actos de corrupción vía medidas efectivas de control que impidan el surgimiento de nuevos ricos a costa del erario nacional.
Debemos ser extremadamente rigurosos en establecer filtros de fiscalización que prevengan y sancionen actos de corrupción vía medidas efectivas de control que impidan el surgimiento de nuevos ricos a costa del erario nacional.
Amargas experiencias de corrupción hemos vivido como para repetir la historia, ahí tenemos la fallida reconstrucción de Pisco por el Terremoto del 2007 durante el Gobierno de Alan García, que se estrenó con la sobrevaloracion de raciones de comida a los damnificados a pocas horas del evento sísmico y tiempo atrás en el Gobierno de Alberto Fujimori, cuando por efecto del Terremoto de Nasca de 1996, se desnudaron las falencias o precariedad en la construcción de Escuelas a cargo del otrora INFES (Instituto Nacional de Infraestructura Educativa y Salud), que colapsaron pese a su reciente edificación.
El proyecto del Ejecutivo propone que se rinda cuentas en forma periódica del avance de la Reconstrucción en el seno del Acuerdo Nacional, sin embargo esta medida nos parece insuficiente, ya que la Institución que mejor cumpliría este propósito es el propio Congreso de la Republica mediante sus Comisiones Ordinarias que gozan constitucionalmente de facultades de fiscalización, de las que carece el Acuerdo Nacional por ser éste un Foro eminentemente político sin Facultades Coercitivas.
Tampoco queda claro de qué forma la Contraloría General de la Republica acompañará de forma preventiva y concurrente la fiscalización en la calidad del gasto público durante el proceso de la reconstrucción; una buena medida por ejemplo para dotar de dientes a esta entidad, sería que el Ejecutivo en un gesto político le otorgara de presupuesto extraordinario para que de forma inmediata los miles de funcionarios de las Oficinas de Control Institucional (OCI) pasasen a depender directamente de la Contraloría y no de los gobiernos subnacionales, hecho que les ha restado autonomía en sus funciones, ya que preocupa que alrededor del 10% de estas entidades apenas cuenten con un Jefe de OCI por la Contraloría.
Los índices de mega corrupción alcanzados en el Perú por el pool de empresas constructoras brasileñas y la triste estadística con 12 Gobernadores Regionales presos por Delitos de Corrupción, nos conmina a cerrarle el paso a autoridades y privados que se alisten a echarle mano al dinero de la Reconstrucción y para lo cual ayudaría que el Congreso NO retroceda en la Reforma Electoral en la Prohibición de la Reelección Inmediata de Gobernadores Regionales y Alcaldes, que puede parecer una medida injusta para correctos cuadros políticos que desempeñan una gestión esforzada en sus jurisdicciones pero que a la luz de las estadísticas constituyen un porcentaje menor frente al apabullante número de autoridades investigadas y/o procesadas por delitos contra la administración pública en sus diferentes modalidades de corrupción.
Señores, estamos a tiempo, la pelota está en la cancha del Congreso de la Republica que mediante un debate alturado y con la unidad que el momento histórico reclama de todos los peruanos, perfeccione este Proyecto de Ley de la Reconstrucción con Cambio, con especial énfasis en las medidas de control para cerrarle el paso a los “Pepe El Vivo” que pretendan robarle al pueblo la oportunidad de contar con su derecho a una mejor calidad de vida.
No hagamos de ésta, una oportunidad perdida.