Hace quince años se inició el proceso de descentralización en el Perú como una nueva forma de organización gubernamental que permitiría reescribir nuestra historia republicana caracterizada por un modelo político y económico centralista, heredado de la colonia. Urgía revertir el centralismo económico y administrativo de Lima para que, bajo la premisa de la delegación de facultades y competencias a los gobiernos regionales y locales, se acercara el Estado a la realidad local para mejorar la prestación de servicios públicos y elevar el nivel de vida de la población. La idea de salir de la pobreza sin necesidad de venir a Lima y lograr que las regiones generen adecuados estándares de desarrollo generó mucha esperanza y expectativas de la ciudadanía sobre la descentralización.
Pero el camino del proceso ha estado lleno de obstáculos y no es un secreto que enfrenta el riesgo de deslegitimarse debido en gran parte a los ―no pocos― gobernadores regionales que están cumpliendo carcelería sentenciados por delitos de corrupción u otros tantos que tienen procesos abiertos por el mismo cáncer. Sin embargo, hay un aspecto que está en la médula del proceso y que suele pasar desapercibido del análisis: la interrelación de los diferentes niveles de gobierno, es decir, el cumplimiento del rol rector del gobierno central y sus sectores para interactuar con las autoridades locales y regionales, en cuestiones relacionadas con lo fiscal, la administración, el control, la regulación y la rendición de cuentas. Esta interacción es central para lograr efectividad en la promoción del desarrollo local con un enfoque territorial y que promueva la inserción de la población rural en cadenas productivas que les permitan alcanzar bienestar y que este sea sostenible en el tiempo.
Los recientes eventos climáticos en la sierra de Lima y el norte de nuestro país, pusieron en evidencia las limitaciones estatales en la prevención y la gestión de la emergencia. Evidentemente los gobiernos locales y regionales no estuvieron a la altura y es así, en gran parte, porque la inercia centralista aún no se ha revertido. En efecto, hemos asistido a un proceso de transferencia de funciones que en el papel ha cumplido sus objetivos pero muy modesta en el desarrollo de capacidades a la burocracia local y regional para un eficiente gasto público. Sin embargo, la realización de 3 GORES Ejecutivos y las reuniones de trabajo que siguen a estos eventos dan cuenta del esfuerzo del gobierno central por promover un espacio para las agendas concertadas.
En este contexto resulta evidente que se exige del Estado en su conjunto una reacción célere para la reconstrucción de las zonas afectadas. Y no se trata solo de infraestructura pura y dura en los lugares correctos, se trata de que ésta incorpore una perspectiva de los servicios que van asociados a la infraestructura. En lo que corresponde a las ciudades, es fundamental que el gobierno central acompañe a los gobiernos locales, brindando asistencia técnica y económica para revertir sus caóticos servicios de transporte e implementar verdaderos sistemas de transporte público tan necesarios en los nuevos desarrollos urbanos, teniendo en cuenta que impactan directamente en la calidad de vida de la población, que es uno de los fundamentos de la descentralización. El reto es grande pero la oportunidad también lo es.