Uno de los terrenos en los que se midió el alcance de la última crisis política fue en el de los medios de comunicación públicos.

La renuncia del directorio del Instituto de Radio y Televisión del Perú -IRTP-, encabezado por su presidente Eduardo Guzmán, y la del gerente de prensa, Renzo Mazzei, fueron apuntaladas por un comunicado que suscribieron los periodistas de noticias de TV Perú, entre los que me cuento.

El debate se agudizó porque Mazzei reveló que un funcionario que trabajaba muy de cerca en el Congreso con el entonces -y muy breve- presidente Manuel Merino, lo llamó el lunes 10, el día que se vacó a Martín Vizcarra, para conminarlo a que el canal 7 no transmitiera las marchas de protesta que arreciaban cada vez más.

La respuesta vino con la cobertura, pues en los días siguientes las manifestaciones continuaron en las pantallas del canal. El jueves le pregunté al aire al premier Ántero Flores-Aráoz si estaba de acuerdo con que se transmitieran las marchas. Aunque su respuesta no fue exactamente satisfactoria, tampoco se mostró en contra. Luego me quedó en claro que el “nuevo” presidente no quería que Guzmán se quede en su puesto.

El resto de la historia es conocida. Pero lo que debe aquilatarse es una lección más sobre la importancia de la televisión pública y la necesidad de protegerla de la manipulación por parte de intereses políticos subalternos.

Para empezar, vale la pena diferenciar lo que es un medio público, como TV Perú y Radio Nacional, de un medio oficial, como el diario El Peruano y la Agencia Andina.

Sobran ejemplos internacionales de medios públicos que evolucionaron a lo que realmente indica su nombre: un servicio de información que se debe al ciudadano y que no necesariamente vaya en la línea del oficialismo político de turno.

En lo que respecta al trabajo periodístico, ello implica la transmisión profesional del debate del momento, con las posiciones de los poderes del Estado y los actores políticos debidamente representadas. El equilibrio y el pluralismo son conceptos clave. El deber de hacer todas las preguntas que corresponden, también. Y en ese tablero cabe esperar que la tensión sea la característica recurrente de relacionamiento con los actores que detentan el poder.

La presión, o el intento de ejercerla, no es extraña. Aparece de una u otra forma también en los medios privados de comunicación, usualmente a partir de las posiciones de los propietarios o los intereses comerciales. El tema de fondo es cómo se neutraliza.

El rasero innegociable es el de la defensa de la democracia y la institucionalidad. Por lo tanto, del bien común. Las marchas expresaban la protesta ciudadana ante una situación límite motivada por lo que el jurista David Landau bautizó como “constitucionalismo abusivo”, que ha sido la constante de este quinquenio. Ojo, también al filo estuvo la disolución del Congreso ordenada por el ex presidente Martín Vizcarra, cuyo debate también fue cubierto desde todos los ángulos en el canal 7. Es deber del medio público ofrecerle a la ciudadanía toda la información posible en circunstancias de controversia semejante.

Claro. Todo ocurre en medio de la indefinición administrativa, con un presidente de directorio que en la práctica debe contar con el beneplácito del primer mandatario -lo que convierte su cargo en político- y un IRTP que hoy se encuentra bajo el paraguas del Ministerio de Cultura y antes lo estuvo en el de la PCM. Un medio público que al final depende directamente de los 11 ministros de Cultura que ha tenido el país desde el 28 de julio del 2016. O, si se prefiere verlo así, de los 4 presidentes.

¿Alguien cree que así es posible construir medios de comunicación públicos? ¿A algún congresista le interesa proponer el necesario cambio de la ley?

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