La OEA Da en el Blanco

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El comunicado emitido por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos apunta a los dos factores cruciales de la delicada situación institucional peruana.

En primer lugar, invoca al Tribunal Constitucional a definir los límites del causal de vacancia por incapacidad moral permanente, cuyo abuso en los últimos cuatro años ha sido el arma disparada a quemarropa para saldar cuentas con dos presidentes de la República.

El TC, que varias veces cumplió un rol de árbitro en esas tensas relaciones entre Ejecutivo y Legislativo -no siempre en favor del primero- termina lamentablemente esta etapa fuera de forma.

Le faltaron reflejos a la presidencia de Marianela Ledesma para reaccionar ante la primera moción de vacancia, al negar la medida cautelar del Ejecutivo que acompañó a la demanda de competencia que todavía no resuelve el fondo de la cuestión: si aplicaba o no la causal de vacancia por incapacidad moral. Insólitamente, el Congreso recién acaba de presentar sus argumentos. !Luego de tramitar una segunda moción de vacancia que terminó por sacar a Martin Vizcarra de Palacio de Gobierno!

Ledesma dijo aquella vez que no había una amenaza real de vacancia porque ya los voceros políticos la habían descartado antes de votarla. Igual, por ejemplo, que lo declarado esta vez por Carmen Omonte de Alianza Para El Progreso. La ingenuidad de la doctora Ledesma es más pronunciada porque no tomó en cuenta que, como el cartero, la vacancia llama dos veces. Esa película ya la habíamos visto con Pedro Pablo Kuczynski.

Lo lógico hubiera sido que el TC resolviera la cuestión antes de que boten a un presidente. El peso de los hechos consumados puede, ciertamente, inclinar el análisis a un lado. Pero lo indispensable es que el árbitro constitucional desactive esta granada política, o al menos delimite claramente su uso.

Si su interpretación va en contra de lo decidido por el Congreso, aún sin que se vuelva a la situación anterior, la legalidad del gobierno actual será aún más dudosa y se abre la posibilidad de sancionar a los responsables en un próximo juicio político. Ese sí, apropiado.

De otro lado, la SG-OEA apunta a la celebración de los próximos comicios como la puerta de salida de este lustro de crisis. Unas elecciones democráticas y transparentes se convierten en la necesidad más grande de esta democracia degradada y maltratada. Nunca desde la caída del gobierno de Alberto Fujimori, el protagonismo de un sistema electoral independiente y profesional ha tomado una posición más central. Que el Perú salvaguarde su institucionalidad y no se convierta en un hazmerreír internacional está en su cancha.

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