El presidente Martín Vizcarra terminó su defensa hoy lunes 9 luego de 52 minutos, exactamente a los 52 días del debate de la primera moción de vacancia que debió enfrentar.

Vizcarra estaba acompañado de su abogado el penalista Fernando Ugaz, cuya identidad se conoció instantes antes de que el presidente se dirija al Congreso, y su argumentación estuvo centrada en la “defensa de la institucionalidad” y la “configuración constitucional”.

Vizcarra negó los hechos que se le imputan en esta segunda moción de vacancia, según los cuales recibió S/.2.3 millones en sobornos por las empresas que ejecutaron los proyectos de Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua. La noche anterior se revelaron los chats de Vizcarra con el ex ministro José Hernández por los días de los supuestos pagos, durante la gestión del actual presidente como gobernador regional de Moquegua. Se volvió a confirmar lo obvio: la que fue una estrecha relación entre Vizcarra y Hernández, que es el aspirante a colaborador eficaz clave en esta historia.

Vizcarra criticó la posibilidad de que se tome una decisión permanente, como es la vacancia, a partir de hechos no confirmados, como los que se investigan en el Ministerio Público.

En estas horas previas a la decisión del Congreso hay quienes vuelven a defender su atribución para celebrar un juicio político por vía del artículo 113 en el extremo de la vacancia por “incapacidad moral permanente”.

Es decir, el juicio político se define por la matemática de los votos y no depende de los eventuales resultados judiciales. Y, como ya sabemos, la famosa incapacidad moral permanente se ha convertido erróneamente en un cajón de sastre cuando en cambio fue definida a partir de una incapacidad mental. Ese añejo articulado se convirtió en una bomba de tiempo que ha venido a detonarse en los últimos tres años, con cuatro procesos de vacancia cuando, como lo recordó Vizcarra, solo se habían dado tres en los dos siglos anteriores.

La incapacidad moral permanente se encuentra en el artículo en el que se establecen de modo muy delimitado los pocos causales de una vacancia presidencial: de la muerte a impedir las elecciones. Abrir todo un abanico a partir de la famosa incapacidad no tiene ninguna lógica constitucional. Y es irresponsable que a estas alturas el Tribunal Constitucional no haya definido sus límites a pesar de la presentación de una demanda de competencia a propósito de la primera moción de vacancia.

Ese mentado juicio político sí está regulado en los artículos 99 y 100 de la Carta Magna, pero se refiere a delitos flagrantes cometidos durante el ejercicio del cargo, el que por lo demás se encuentra protegido por el antejuicio. La gravedad de esos hechos puede motivar el juicio político y, de favorecerle, la sentencia de la Corte Suprema puede también restituir al alto funcionario en su puesto.

Pero eso es otra cosa. Lo de Vizcarra fueron probables delitos ocurridos antes de ser presidente de la República. Acá se mezclan papas con camotes.

Un juicio político se vio hace poco con el fracasado proceso de impeachment que enfrentó Donald Trump por sus vinculaciones con Rusia. Se trató de un procedimiento que tomó cinco meses e involucró a ambas cámaras (otra justificación para retornar a la bicameralidad). No el trámite a trompicones que se pretende en el Perú.

Los errores de Vizcarra van más allá del mea culpa expresado en su defensa, sobre lo que le toca al Ejecutivo en la incapacidad para generar consensos. Él mismo facilitó este escenario, tanto al posibilitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski (cuya renuncia fue precipitada por el fujimorismo precisamente para evitar la dudosa aplicación de la Constitución) como al no presentar su propia bancada tras disolver el Congreso anterior. El Ejecutivo, mediante la ministra de Justicia Ana Neyra y el abogado Roberto Pereyra, adoptó en la primera moción una interpretación evolutiva de la Constitución que aceptaba la idea de incapacidad moral en términos éticos, pero argumentó que un caso ridículo como el de Richard Swing no aplicaba. En ese plan, el del Club de la  Construcción que involucra a Vizcarra sí calzaría.

A ello se suma el grotesco interés de una bancada como la de Acción Popular, pues de prosperar la vacancia el presidente del Congreso se mudaría directamente a Palacio debido a la ausencia de vicepresidentes. Sería un gravísimo error creer que interrumpir el mandato de Vizcarra va a detener la crisis política en el Perú. Lo más probable es que la agrave, mucho más allá del 28 de julio del 2021.

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