La nueva moción de vacancia presidencial, considera el vicepresidente del Congreso Guillermo Aliaga, podría discutirse en el próximo pleno parlamentario descentralizado en Abancay.

Ya es, finalmente, otro trámite más.

Fueron 27 congresistas los que firmaron la moción, apenas uno más del mínimo requerido. Ahora se necesitará el voto de 52 legisladores para que se debata en el pleno.

La escasez de firmas para admitir a trámite la moción sugiere que el tema no va a pasar. Pero la última vez, apenas en setiembre, el proceso pasó por un crescendo que luego cayó. La calentura, sin embargo, puede precipitarse con este Congreso en cualquier momento.

Las razones para rechazar la vacancia son de forma y de fondo.

De forma porque el país está en medio de una pandemia y ya por comenzar una campaña electoral tras un caótico quinquenio.

De fondo porque el despelote institucional peruano ha terminado por relativizar los períodos de mandato con la permanente amenaza de la incapacidad moral permanente. Es un grave error que erosiona la democracia.

El problema es que, esta vez, a diferencia del ridículo caso de Richard Swing, la investigación de la Fiscalía compromete al presidente Martín Vizcarra en delitos de corrupción por los que podría terminar en la cárcel. La inclusion del ex ministro José Hernández en el reparto de aspirantes a colaboradores eficaces pone al moqueguano en una situación preocupante y delicada.

Entrevistado hoy en Hablemos DEPOLÍTIKA, el constitucionalista Omar Cairo coincide en la gravedad del caso. Pero reitera que la causal de vacancia por incapacidad moral permanente no aplica, primero, porque la “inmoralidad” para el Constituyente del siglo XIX, que es cuando el concepto se incubó como una silente bomba de tiempo que ha venido a explotar en los últimos años, se refería a limitaciones físicas y mentales. No éticas ni delictivas.

Porque, por cierto, los delitos por los que se puede vacar al presidente están claramente delimitados por la constitución. Y la sospecha de haber recibido coimas a cambio de obras no es uno de ellos.

El gobierno se disparó al pie cuando, en el debate anterior, la ministra de Justicia Ana Neyra aceptó que el concepto de incapacidad moral permanente había evolucionado. En otras palabras, sí era posible vacar al presidente por inmoral pero no por una estupidez como el caso Swing, sino por una razón realmente grave, que hiciera inaceptable su permanencia en el cargo. Bienvenidos al peligroso mundo de Obrainsa e ICCGSA.

A ver si el Tribunal Constitucional se apura en establecer los límites de la figura porque esto no se va a terminar ahora y probablemente tampoco en el próximo gobierno.

Se especula que la vacancia puede venir más tarde. Que se haga realidad incluso después de la primera vuelta, para que no se crea que hay intención de posponer las elecciones, pero que la humillación a Vizcarra quede clara.

No es cuestión de una persona. Los mandatos deben respetarse de acuerdo a la Constitución, donde están escritas nuestras reglas de juego. Y como es el Perú, Vizcarra podría irse con prisión preliminar ni bien entregue la banda.

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