Foto: emprender.pe

La crisis y posterior recesión económica provocada por la pandemia han dado origen a una escalada de emprendimiento en nuestro país precisamente para paliar dicha crisis. No obstante, las barreras de siempre, hoy más perjudiciales que nunca, continúan obstaculizando el acceso o la permanencia de muchos peruanos en el mercado.

Imagínense que tuvieran cierto capital y decidieran invertirlo, digamos, en una pequeña empresa. Se acercan a la municipalidad de su jurisdicción, presentan su solicitud para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento del local que piensan abrir, entonces, la municipalidad les señala que requiere su ficha RUC, su recibo de pago por derecho de trámite, pero además, le exige el carné sanitario para el personal que laborará en el local (competencia del Ministerio de Salud), una “Licencia Especial” para el funcionamiento del local después de las 22:00 horas, un costo adicional para “Anuncios y Propaganda” (a pesar de no ser competente para cobrar dicho tributo), y otros tantos sobrecostos innecesarios para el desarrollo de sus actividades.

Seguramente a estas alturas, cualquiera se habría desanimado, quizá no del negocio en sí, pero sí de desarrollarlo de manera formal. Cuando las entidades de la Administración Pública exigen requisitos o cobros que impiden el ingreso o permanencia de los agentes económicos en un determinado mercado, estamos frente a barreras burocráticas.

Y estas no solo obstaculizan el desarrollo empresarial y económico, sino que también limitan la posibilidad de ingresar al mercado formal. La mayoría de las barreras burocráticas son generadas por las municipalidades, y afectan a las micro y pequeñas empresas que constituyen no sólo fuentes de trabajo a gran escala sino el espacio donde la iniciativa privada se desarrolla con mayores posibilidades.

Pero las barreras burocráticas no afectan solo a las pymes sino a todos los inversionistas, principalmente por la innecesaria demora de la administración en atender las solicitudes de los administrados. Por eso es importante aplicar los silencios administrativos positivos, para garantizar que la inacción estatal no perjudique a los empresarios o ciudadanos en general.

¿Qué empresario arriesgaría su capital en un Estado que lejos de servirlo para que invierta en él, le complica la vida o le pone trabas a su inversión? Una gestión pública eficiente depende de instituciones que funcionen.

Cuando los trámites son costosos en tiempo y dinero no solo se desperdician recursos, sino se desalienta la inversión, se genera informalidad, se pierde credibilidad en las instituciones, y en última cuenta, se frena el desarrollo económico de los sectores más pobres del país.

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Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asesor parlamentario y especialista en comunicación política.

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