Foto: Proactivo

El PBI acaba de desplomarse en 17,37% y el desempleo subió a 8,8%, más del doble respecto al segundo semestre de 2019. La economía peruana está en recesión.

Y en medio de una severísima cuarentena, con altos niveles de desocupación y gente literalmente muriendo de hambre, el Congreso lanzó un salvavidas para que miles de peruanos pudieran retirar hasta el 25% del total de los fondos acumulados en sus cuentas individuales.

Esta medida sin duda ayudó a aliviar la economía de quienes cuentan con fondos individuales capitalizables, pero ¿qué sucede con los millones de peruanos que integran el Sistema Nacional de Pensiones?

En el Sistema Nacional de Pensiones se otorgan pensiones a quienes realizaron un mínimo de 20 años de aportaciones al SNP y cumplieron 65 años. Con la finalidad de paliar en algo esta crisis, el Congreso aprobó un proyecto de ley que permite la devolución de los aportes a la ONP hasta por un máximo de S/. 4,300.

El problema con esta iniciativa es que el SNP es un régimen de reparto. En el régimen de reparto, los aportes recaudados no se acumulan en un fondo en el cual se pueda identificar el monto aportado por cada uno de los trabajadores. Además, atenta contra el mandato constitucional de que las modificaciones que se introduzcan en los regímenes pensionarios deberán regirse por criterios de sostenibilidad financiera y que los congresistas no pueden crear o aumentar gasto público. Dicho de otro modo, esta propuesta legislativa es inconstitucional. Es cierto.

No obstante, es cierto también que en una economía donde la población en su mayoría no accede a una pensión digna y en muchos casos muere de hambre, no resultaba políticamente correcto, en especial para un presidente que gobierna según las encuestas, observar una ley que permite a los peruanos obtener ingresos en medio de una crisis económica parecida a la de la Guerra del Pacífico.

Y entonces, y con una censura en ciernes como telón de fondo, la ministra Alva con un tono más conciliador, recula, y señala que, si bien la propuesta del Congreso no era viable, “los tiempos de hoy son distintos” y presenta un proyecto de ley para facilitar el acceso de las personas aportantes a una pensión de jubilación aún si no completan 20 años de aportes al fondo, en otras palabras, reaccionó contra las cuerdas.

Pero reaccionó. Y es que, si bien se pusieron sobre la mesa propuestas antitécnicas, fue consecuencia de la desesperación de la población por encontrar una salida. Atender las necesidades de los más pobres es también un asunto de justicia y equidad.

Y si bien es responsabilidad del Ejecutivo velar por el Tesoro Público, lo es también la disminución significativa de la pobreza y la pobreza extrema. El crecimiento económico no es competitivo ni sostenible sin inclusión, pues ninguna democracia puede sostenerse sobre la base de la desigualdad y la inequidad social.

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