Foto: Andina.

El abogado Roberto Pereira, defensa legal del presidente Martín Vizcarra, expuso ante el pleno del Congreso los motivos por los cuales no debe prosperar la vacancia presidencial, señalando que no se puede defenestrar a un mandatario, basándose en “presunciones y hechos que están en una fase de investigación”.

Si bien el letrado dijo que habría delitos contra la administración de la justicia en los audios difundidos ante la opinión pública, remarcó que en ningún momento estos hechos justificarían una vacancia presidencial.

Como se recuerda, en dichos materiales se escuchan conversaciones entre el presidente Martín Vizcarra y ex funcionarias de su confianza, Karem Roca y Mirian Morales, coordinando cómo declarar ante las autoridades en el caso de la contratación de Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, en el Ministerio de Cultura.

“Son hechos que solo una vez que se corroboran podrían ser la fuente de decisiones institucionales definitivas, como, por ejemplo, una vacancia presidencial: vacar a un presidente de la República es interrumpir su mandato, es alejarlo definitivamente del cargo. Eso solo puede hacerse sobre la base de hechos definitivos, de hechos institucionalmente corroborados y acreditados, no sobre presunciones y hechos que están en una fase de investigación”, dijo Pereira ante la representación nacional.

“Todos los días salen nuevos audios, todos los días salen versiones contradictorias, todos los días se desmienten los contenidos, todos los días se dan explicaciones en torno a los contextos en los que habrían sucedido, todos los días se dan explicaciones en relación a las motivaciones de estos hechos. Eso es una prueba evidente que se trata de hechos que no tienen certeza, que son hechos absolutamente en una fase embrionarios de investigación y, por lo tanto, no pueden desencadenar en una vacancia presidencial”, añadió.

El abogado del jefe de Estado remarcó que el Congreso de la República “no tiene competencias constitucionales para investigar delitos”. Asimismo, agregó que todo se trata de “hipótesis” y que, de corroborarse que el mandatario quiso utilizar el aparato del Estado para obstruir a la justicia, solo tendría relevancia penal.

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