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El poder es pasajero y la gloria es efímera

Precisar una definición de Estado, ha llevado a muchos estudiosos y tratadistas en esta materia, a una tarea compleja de conceptualización; en cuanto a su estructura organizacional y sus alcances, porque involucra una magnitud compleja y por ende de toda actividad humana.

Sin embargo, ello supone poder, mando y sometimiento y la personificación de la unidad del orden legal, que como cuerpo político es la expresión de un orden jurídico en un Estado de Derecho democrático que relaciona gobernantes y gobernados. El estado debe ser la representación institucional del pueblo.

Una de las definiciones de Estado que hace contraste con nuestra realidad nacional coyuntural, lo define MAX WEBER, ofrece dos variantes de Estado como una asociación. En ambas el Estado coincide con la sociedad y difiere de la institución de gobierno. El Estado, así, surge como resultado de un acuerdo hecho por individuos (contrato social) o por un grupo que se impone sobre otros grupos sociales.

Normalmente, se considera que el Estado, tiene tres poderes distintos, cada uno como una función determinada.

El primero es el poder legislativo, encargado de elaborar leyes; el poder ejecutivo (a veces llamado también “gobierno”), cuya función es aplicar la legislación; el tercero, el poder judicial, responsable de la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico.

Dentro de este contexto, un Estado más capaz puede ser un Estado más eficaz; pero eficacia y capacidad no es un mismo elemento. Capacidad, en el sentido utilizado al referirse al Estado, es la posibilidad de emprender y promover en forma eficiente acciones de interés colectivo, como las relacionadas con el orden público, la salud y la infraestructura básica; “la eficacia”, es el resultado de la utilización de esa capacidad, para permitir a la sociedad atender su demanda de esos bienes.

El Estado puede ser, al mismo, capaz pero no muy eficaz si su capacidad no se aplica a atender los intereses de la sociedad.

Entendemos por “gobierno”, como el conjunto de personas que ocupan puestos de autoridad de un Estado. Haciendo referencia a métodos o sistemas de gobernar una sociedad, a la estructura y organización de los cargos públicos.

Actualmente se acepta por consenso que la democracia, su construcción y su práctica conforman un proceso de responsabilidad compartida entre los actores estatales y los actores sociales. No cabe duda de que la realidad democrática en un país es el resultado, tanto de prácticas internas, como del carácter de las relaciones que mantienen entre sí la Sociedad y el Estado.

En el año 1990 en América Latina y en medio del maremágnum creado por el triple y complejo proceso de reinstitucionalización democrática, reestructuración económica y reforma del Estado, se ha producido una reactualización de la palabra gobernabilidad, a la que, en esta oportunidad, se le ha añadido el adjetivo «democrática». Se habla así de gobernabilidad democrática y no de simple gobernabilidad.

Entre las concepciones más difundidas del concepto de gobernabilidad se encuentran las utilizadas por los propios equipos de gobierno, que suelen cargar el acento en asociar la gobernabilidad de una manera muy directa con la existencia de ciertas condiciones políticas que consideran necesarias para cumplir con su plan de gobierno. De ahí se deriva que el logro de la gobernabilidad es un quehacer que depende de la capacidad de un grupo de personas (el presidente de la República y sus ministros).

La gobernabilidad sería, un estado de equilibrio básico sin el que el funcionamiento del sistema devendría imposible; imposibilidad que terminaría dando paso a un estado de ingobernabilidad.

El proceso de gobernabilidad debe desarrollar dentro de un marco de complejidad de una globalización creciente del desafío permanente de la complejidad internacional y de la integración continental.

Sin este equilibrio y estabilidad, entraríamos a un proceso de estado de ingobernabilidad, que precipita a una situación de crisis; aun desajuste entre las demandas sociales y las respuestas del Estado.

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Licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Maestría en Gobierno y Gestión Pública, con especialidades en Gestión Integral de Conflictos Sociales, Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, Gestión de Salud, Comercio Internacional, Marketing y Planeamiento Estratégico. Con más de nueve años de experiencia en el sector público y diecinueve años de experiencia en el sector privado, desempeñando cargos gerenciales y de alta dirección.

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