Foto: RPP.

Haber llegado a 97 mil personas en prisión con una capacidad de albergue cercano a los 40 mil nos coloca en condiciones de hacinamiento extremo.  Recudir la población penitenciaria en al menos 15 internos representaría un comienzo razonable.  Pero es solo un comienzo.  Al hacerlo, aún no tenemos las herramientas completas para abordar esa tarea, debemos construir otras reglas de administración de los penales.

La administración penitenciaria necesita un plan intenso de construcción de establecimientos temporales que permita que volúmenes como los más 36 mil personas en prisión bajo órdenes provisionales o preventivas o los aproximadamente 6 mil condenados a períodos de privación de libertad menores a 4 años no saturen luego nuevamente las cárceles mayores, como Canto Grande en Lima o Picsi en Lambayeque.

Un plan de construcción de centros temporales radicados en la áreas de las municipalidades distritales podría reducir el costo que representa la edificación de centros mayores.  Además podría “jalar” la mirada de los los juzgados y las fiscalías hacia las áreas municipales.

Será muy probable que la justicia posterior a la pandemia deba renunciar a usar los juicios como espacios físicos de comunicación con la colectividad.  Pero aún así, aunque los juicios se conviertan en eventos digitales, la mirada de las fiscalías y los jueces comunes debe empezar a concentrarse en las comunidades en las que viven las personas. Incluso aunque esa mirada sea preferentemente digital.

Pero además las autoridades penitenciarias deberían poder anunciar al judicial y a la fiscalías cuando puede ejecutarse un mandato de prisión preventiva y cuando una condena efectiva.  El judicial y la fiscalía deberían estar en posición a imponer, cuando sea necesario y mientras se obtiene un lugar en centro de reclusión, sea una temporal o uno mayor como Castro Castro o Picisi, el uso de grilletes electrónicos o de equipos de policía o de ambos que permitan que las medidas que se imponga por necesidad comiencen a ser ejecutadas bajo arresto domiciliarios, haya o no una tercera persona particular que deba ser nombrada garante de la obediencia de aquella otra que espera una celda o una cama disponible en un centro penitenciario.

La ley debería establecer una medida de equivalencia que compute el tiempo de espera bajo arresto domiciliario, cuando haya que imponerlo, como parte del tiempo de reclusión impuesto judicialmente. Pero a eso tenemos que llegar.

El debate sobre la reducción del hacinamiento en las cárceles es solo el principio de una discusión que además deberá abordar luego problemas innegablemente relacionados, como las formas de resolver la congestión o sobrecarga de casos que ahora saturan y hacen prácticamente inmanejables las fiscalías y los juzgados.

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