Foto: Andina.

He entendido que la promulgación ha sido resultado de un acto meramente burocrático:  el texto fue aprobado por la Comision Permanente del anterior Congreso; el Presidente Vizcarra jamás lo observó (debió hacerlo) y la Presidencia del Congreso la ha promulgado creyendo que estaba obligada a hacerlo. Creo, al contrario, que el Presidente del Congreso no debió promulgarla.

La ley es inútil técnicamente.  Es inaplicable porque una de dos, si se produce un abuso,  entonces no se trata de un caso de uso regular de las armas y la ley no opera; si el evento de fuerza se produce en condiciones regulares, el caso no es perseguible penalmente, y si hay dudas tiene que hacerse una investigación básica para saber qué pasó y proceder en consecuencia.  En ninguno de estos tres casos opera la ley, salvo que alguien pretenda que también impide las investigaciones en caso de dudas y eso es inaceptable bajo la Constitución.

Entonces la promulgación da una señal pésima.  Confunde y no entrega nada a quienes probablemente alguien cree que “protege de excesos”.

En estas cosas no se puede admitir criterios burocráticos.  Las leyes son demasiado importantes para tratarlas de esta manera.

La Presidencia del Congreso debió establecer por qué la ley no había sido promulgada por el Ejecutivo, y debió poner el asunto en debate.  Creo que muchos habríamos coincidido en que una ley como esta, así de mal hecha, no obliga al Presidente del Congreso a usar sus atribuciones subsidiarias de promulgación de leyes.  Entonces se podría haber puesto el asunto en debate y el Congreso actual habría podido dejar sin efecto la aprobación del texto.

Habría sido una mejor señal de su capacidad de revisar los impases que han conducido a que se instale. Las fuerzas de seguridad necesitan, no lo dudo, sentirse respaldadas.  Pero el respaldo que les debemos debe ser efectivo y adecuadamente dirigido.  Señales como estas no agregan, restan, y eso no tiene sentido.

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