Foto: Andina.

El 19 de marzo ha sido relevada del cargo de ministra de Salud la médica y general de la Policía Nacional Elizabeth Hinostroza. El hecho fue anunciado por el presidente en las cotidianas conferencias de prensa del medio día, que realiza con motivo de la pandemia Covid-19. La forma ha sido sorpresiva y quizá faltaron modales. A las 14 horas ya juramentaba el nuevo ministro de Salud, Víctor Zamora. La justificación del cambio fue resumida por el mandatario de la siguiente manera: “Vemos oportuno un cambio por un profesional con mayor experiencia con este tipo de problemas”. No ha dado más detalles, además la prensa no ha dado difusión a la “carta de renuncia” de la saliente ministra.

La ausencia de liderazgo de la exministra de salud ha permitido que pierda la vocería del Ministerio de Salud (Minsa) y del Sistema Nacional de Salud, que es función del ministro de Salud. Al perder la vocería perdió fuerza la conducción sectorial y del Consejo Nacional de Salud. La creación de la Comisión Multisectorial contra el Covid-19, a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, afectó la función rectora del Minsa. Obligó al propio presidente de la República a desempeñar algunas funciones del ministro de Salud. Por otra parte, algunos funcionarios intermedios, como el director general de Operaciones del Minsa provienen de la gestión del presidente cuando desempeñó el cargo de gobernador regional de Moquegua. Ellos son conocidos como “los moqueguanos”. La ausencia de liderazgo se ratificó con la resolución que transfería las funciones de designación de funcionarios hacia el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento. Se hizo trizas la cadena y unidad de mando, indispensable para enfrentar una epidemia.

La fragmentación, la segmentación y las deficiencias en el proceso de descentralización de la salud a las regiones, que caracterizan al Sistema Nacional de Salud, exigen una ardua labor intersectorial y transversal. La fragmentación consiste en la coexistencia dentro de un territorio de diversos actores organizacionales sin ninguna vinculación o coordinación entre ellos. Es así que Essalud está a cargo del Ministerio de Trabajo, las sanidades militares a cargo del Ministerio de Defensa, la sanidad policial a cargo del Ministerio del Interior, los establecimientos de salud de Lima Metropolitana a cargo del Minsa, y los establecimientos de salud en cada región a cargo de su respectivo gobierno regional.

La segmentación consiste en el proceso de separación por “segmentos” de los ciudadanos en función de la fuente del financiamiento que sufragará su atención de salud. Es así que existen el SIS, Essalud, los fondos militares y el fondo de la Policía Nacional. Además, el proceso de descentralización ha transferido las funciones de salud a los gobiernos regionales, a pesar de que la Ley de Bases de la Descentralización señala que la función Salud es compartida entre los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local. Esta anomalía ha llevado a la autonomización de cada uno de los gobiernos regionales, con afectación de la eficacia de la lucha contra la pandemia Covid-19. Las correcciones a este proceso de descentralización se realizaron por medio de la Ley 30895, que fortalece la función rectora del Minsa. Sin embargo, aún no ha sido reglamentada y, por tanto, hasta cierto punto, resulta ineficaz. La fragmentación, la segmentación y la autonomización de los gobiernos regionales exigen un fuerte liderazgo del ministro de Salud ante el Consejo Nacional de Salud como órgano de coordinación y articulación del Sistema Nacional de Salud.

La ausencia del liderazgo ha sido un error capital. La necesidad del trabajo intersectorial y transversal para combatir la pandemia Covid-19 ha permitido gobernar al presidente de la República a través de la salud. Por ejemplo, las prerrogativas constitucionales por problemas de afectación a la salud han sido estiradas hasta el límite. Cualquier área de la actividad económica, social y cultural tiene implicancias en la salud humana. El Congreso de la República debe evaluar cada una de las acciones del gobierno para evitar la violación de los derechos constitucionales bajo el criterio de la afectación a la salud. Se debe realizar un test de proporcionalidad que relacione los derechos humanos involucrados para mantener el equilibrio e impida la afectación de unos derechos en desmedro de otros.

El presidente ha logrado la unidad nacional en torno a su liderazgo frente a la pandemia Covid-19. Es el capital más importante. En ese sentido, el cambio ministerial debería aportar un profesional con experiencia, técnico y comunicador, hábil en la búsqueda de consensos, con una buena relación con el presidente y con sus administrados, y con una excelente relación con los medios de comunicación y con los políticos. Tarea difícil para el nuevo ministro que no sólo necesita empatía con el jefe de Estado, sino también con los funcionarios intermedios del Minsa.

Algunos medios han resaltado el rol del nuevo ministro como tuitero polarizante e implacable. Su relación con USAID implica afinidad para la continuación de la reforma de salud mercantilista del gobierno humalista, propiciada por los exministros Ugarte, Midori y Velásquez. Resulta imprescindible mirar el presente de la pandemia, pero también el futuro en el mediano y largo plazo del Sistema Nacional de Salud.

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