Foto: El Periódico.

En los últimos días el Gobierno ha resaltado dos aspectos, como si fueran los más urgentes en salud: la promulgación del Reglamento de la Ley de Salud Mental y la reunión con los “académicos” para asesorarse en relación al Aseguramiento Universal. Ambos aspectos son consecuencia de la Ley de Salud Mental y del decreto de urgencia de Cobertura Universal de Salud. La nueva política de salud mental y el aseguramiento universal reducen la acción del Estado y transfieren la responsabilidad de la salud y el tratamiento de las enfermedades al propio ciudadano y a sus familias.

Sin embargo, el aspecto urgente y relevante del momento es el reclamo de la ciudadanía ante la epidemia del dengue con su vector (zancudo) Aedes aegypti, los brotes de bartonellosis, y leishmaniasis con su vector del género lutzomya, que ya se encuentran en Lima. Además de la tuberculosis y, sobre todo, del pánico mundial del nuevo virus conocido como coronavirus, o Covid-19; sin perder de vista, a los desastres producidos por lluvias y huaicos. Es decir, en realidad, existe un desencuentro entre el gobierno y la población.

El nuevo virus Covid-19 genera pánico y confusión. El aporte de China en el estudio de la naturaleza viral y el aislamiento del foco es encomiable. Sin embargo, ya rebasó ese aislamiento y ahora cada nuevo brote en máºs países aporta información adicional relevante para tomar medidas mas eficaces para prevenir y curar. La mente humana no está preparada para convivir con la confusión que origina lo desconocido y, por tanto, busca información. Pero si no encuentra a mano información científica, coherente y entendible, se refugia en las medias verdades, en la desinformación, en las creencias, en los mitos y hasta en el rumor de agentes comerciales interesados.

El gobierno esta en la obligación de eliminar la confusión, evitar la desinformación y fortalecer la comunicación de los riesgos con base científica, en modo directo, simple y con tecnologías apropiadas. Sin embargo, eso no ha ocurrido. En lugar de comunicar los riesgos, las medidas estratégicas y lo que se espera del comportamiento de los ciudadanos, el Gobierno ha actualizado temas ya conocidos y que ahora forman parte de la rutina de la gestión del sector salud. No hay que confundir los planos. El marketing político no debería sustituir a la comunicación de riesgos, en perjuicio de las exigencias y necesidades de la población.

Una epidemia es también un hecho político. Su impacto en la sociedad altera la economía, las costumbres, las relaciones sociales y, sobre todo, las expectativas de la gente. La intervención del mas alto nivel de Gobierno es imprescindible. Los medios de comunicación han mostrado el liderazgo, en la lucha contra el Covid-19, de los más connotados jefes de gobierno y de Estado del mundo. A pesar de esos ejemplos, el Gobierno peruano, a través del sector Salud, solo ha atinado a informar, educar y comunicar aspectos puntuales para el cambio del comportamiento de las personas, que si bien es necesario, lo que se espera es la comunicación de los riesgos plasmados en un plan estratégico coherente, aprobado por el Consejo de Ministros y que involucre a todas las actividades del gobierno, a todos los sectores, a los ministerios y dependencias, así como, a la sociedad en su conjunto.

Como se sabe, una epidemia afecta a todos. Sin embargo, el impacto es distinto: golpea con mayor dureza a los sectores más pobres, a las poblaciones marginales y a aquellas personas con enfermedades preexistentes, es decir, a los que sobreviven con una existencia social precaria. La agenda frente a las epidemias y los desastres es frondosa. El riesgo es que el nuevo Covid-19 solo se sume a esa agenda pendiente y que las cifras de víctimas sean invisibles para las acciones de gobierno. Las declaraciones de algunos ministros y los pocos fondos asignados dan esa sensación. Además, las comunicaciones del Gobierno se centran en la atención médica y las emergencias medico quirúrgicas, en la medicina curativa y los medicamentos, a través del Aseguramiento Universal y la participación del sector privado.

La medicina preventiva, la Atención Primaria de Salud, la salud pública, las epidemias, los desastres y la incidencia en los determinantes económicos, sociales y culturales han pasado a segundo plano. Sin embargo, esta semana han ocurrido movilizaciones ciudadanas de protesta, sobre todo en el Cono Norte de Lima Metropolitana, para tomar acciones contra los zancudos, contra los vectores del dengue, zika, chikungunya, uta, verruga, tuberculosis y otros daños. También por la falta de agua y desagüe y la precariedad de los colegios, los establecimientos de salud, las cárceles, y los lugares que concentran aglomeraciones.

Algunos alcaldes han viajado desde el interior del país para buscar soluciones contra las epidemias y los desastres, y para fortalecer los servicios de salud públicos. El Congreso de la República, que ha actualizado su representación en las recientes elecciones complementarias, debe fiscalizar para que el Poder Ejecutivo cumpla el rol que le corresponde y elimine el desencuentro entre el gobierno y la población.

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